Cumplen a medias fallo a favor de Inés

El Gobierno de México pedirá hoy perdón a la indígena Inés Fernández, quien hace 10 años fue violada por militares, por la impunidad que se ha mantenido desde entonces.

El acto responde a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige, además del perdón público, una serie de medidas que tienen que ver con la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.

Sin embargo a más de un año de emitirse la sentencia, en octubre de 2010, los puntos medulares de ésta no se han cumplido del todo, según un registro de la Organización de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que representa jurídicamente a Inés.

Inés, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Meph´aa, fue atacada sexualmente por militares el 22 de marzo del 2002, cuando tenía 25 años, como parte de una estrategia de acoso a las comunidades indígenas.

Sobre el cumplimiento de la sentencia, la investigación tardó 10 meses en llegar al fuero civil -ahora está bajo investigación en Fevimtra-. Además, durante el año que estuvo en poder de la Procuraduría Militar se realizaron investigaciones que, según la víctima y sus defensores, podría encubrir a los militares responsables.

Respecto a la reparación integral del daño, si bien las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores instalaron en marzo de 2011 mesas de trabajo sobre investigación, reconocimiento de responsabilidad, educación, atención médica y salud; indemnización, reformas legislativas, políticas públicas y reparaciones comunitarias así como capacitación, las acciones no se han llevado a cabo.

Tlachinollan advierte que la inacción es más grave si se considera que para el 2012 se aprobó un presupuesto de 31 millones 500 mil pesos a la Secretaría de Gobernación, para cumplir las sentencias de la Corte relativas a delitos del pasado.

"Desde octubre de 2010, las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, continúan a la espera de que se presente el plan de implementación de las medidas relativas al plan de salud, educación e indemnizaciones para sus hijos e hijas por los daños ocasionados, que el Estado Mexicano se comprometió a otorgar a más tardar en diciembre del 2011, entre el resto de las medidas que se encuentra pendientes. Lo que significa, que es la falta de voluntad política la que ha impedido el avance en el cumplimiento", acusó la organización.

Tlachinollan hizo un llamado urgente al Gobierno a dar un cumplimento cabal con la sentencia emitida en los casos.


Daniela Rea, Reforma, 6 de marzo.