Sin ley migratoria en EU seguirán los abusos contra migrantes: Segob

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, Gustavo Mohar Betancourt, señaló que mientras no se dé una reforma migratoria en Estados Unidos, "los abusos y la violencia hacia los migrantes continuará", por lo que, subrayó, nuestro país mantendrá su demanda de que exista una reforma en la materia en el vecino país del norte.

Al inaugurar la Conferencia Internacional sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, el funcionario aseguró que nuestro país mantendrá  su política para que se brinde un trato humano a los migrantes,  e insistirá en el caso de que se dé una nueva ley que se tipifique a la migración ilegal como un delito de trata de personas, a fin de que se castigue con penas más severas.

En este sentido, el funcionario indicó que los traficantes de indocumentados usan en México "las mismas rutas que emplean los cárteles del narcotráfico para trasladar drogas y armas desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos", lo que nos permite, dijo, tener una idea de lo grave de este asunto, ya que los traficantes de emigrantes "muchas veces se guían por el curso de las drogas o de las armas del sur de México o hacia el norte para mover por nuestro territorio a nacionales de prácticamente todo el mundo".

México, añadió, es el único país de América Latina que tiene frontera con Estados Unidos y de ahí que sea "utilizado por redes de traficantes de emigrantes de al menos 70 países".

En su oportunidad, Antonio Mazzitelli, delegado de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Contra la Droga y el Delito, resaltó que este delito en la actualidad se ha convertido en una verdadera industria millonaria en la que el tráfico ilícito de migrantes "genera importantes sumas de dinero para la delincuencia organizada, estamos hablando de alrededor de siete mil millones de dólares, cada año", dijo.

En este sentido, manifestó su preocupación ante el incremento de los flujos de personas ilegales, ya que, externó, "lo que más asusta es la ausencia de una estructura legal e institucional, así como la voluntad desierta en la política, sobre todo la falta de recursos para incrementar los instrumentos que permitan avanzar en esta materia".

En estas condiciones, dijo, los migrantes siguen expuestos a una serie de violaciones de sus derechos, además de poner en riesgo su propia integridad y su vida.

Agregó que pese a que el número de ratificaciones del protocolo ha aumentado, ya que a la fecha suman ya 127, "la voluntad política para suscribir el instrumento e incorporarlo en el ordenamiento jurídico internacional sigue siendo insuficiente", advirtió.

Entre los principales obstáculos que se encuentran para la implementación del protocolo están la insuficiente política de prevención al tráfico de migrantes, así como la carencia de bases de datos e investigaciones sobre los fenómenos.

Aunado a lo anterior se encuentra el hecho de que en muchos casos de legislaciones sobre el tema, nos encontramos con respuestas débiles de la implementación de la justicia y, por último, las medidas de protección para los migrantes que son víctimas de ese negocio.

Al respecto, indicó que México, por su ubicación geográfica, "no sólo es un país de migración, sino es siempre más un país de tránsito para miles de migrantes latinos que quieren tener una nueva oportunidad en Estados Unidos.

"Compartir una frontera hace que el territorio de México sea siempre más el lugar en donde el deseo de esos migrantes sea atendido por la oferta de servicios por los grupos criminales siempre más crueles, despiadados e inhumanos", expuso.


Cecilia Higuera, La Crónica, 17 de abril.

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