La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México denunció la persistente violación de las garantías fundamentales en el país, particularmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En un informe enviado a la Unión Europea, se resalta la necesidad de terminar con el fuero militar y garantizar la integridad de los defensores de las garantías fundamentales.
El reporte tiene el objetivo de originar que desde las naciones europeas se exhorte al gobierno mexicano a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y respeto a las poblaciones indígenas, afirmó Carola Hausotter, directora de la organización civil.
Durante una visita que integrantes de la Coordinación Alemana realizaron a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, constataron, en el caso del primero, que las comunidades indígenas en las zonas más apartadas son particularmente vulnerables. “No se combaten las causas estructurales de la pobreza” y más bien se producen graves violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, las cuales llegan hasta la tortura y el homicidio.
En Oaxaca, la delegación observó que existe una creciente relación entre el incumplimiento de derechos y la criminalización de la protesta social.
En Chiapas, los activistas, representantes de las diversas organizaciones que integran la coordinación, detectaron que continúan los desalojos de diversas comunidades indígenas, los cuales están vinculados con intereses políticos y económicos.
“El trasfondo de los conflictos de tierra en Chiapas es la realización de proyectos de infraestructura y turismo en la región”, señalan.
El reporte tiene el objetivo de originar que desde las naciones europeas se exhorte al gobierno mexicano a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y respeto a las poblaciones indígenas, afirmó Carola Hausotter, directora de la organización civil.
Durante una visita que integrantes de la Coordinación Alemana realizaron a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, constataron, en el caso del primero, que las comunidades indígenas en las zonas más apartadas son particularmente vulnerables. “No se combaten las causas estructurales de la pobreza” y más bien se producen graves violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, las cuales llegan hasta la tortura y el homicidio.
En Oaxaca, la delegación observó que existe una creciente relación entre el incumplimiento de derechos y la criminalización de la protesta social.
En Chiapas, los activistas, representantes de las diversas organizaciones que integran la coordinación, detectaron que continúan los desalojos de diversas comunidades indígenas, los cuales están vinculados con intereses políticos y económicos.
“El trasfondo de los conflictos de tierra en Chiapas es la realización de proyectos de infraestructura y turismo en la región”, señalan.
Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, 28 de octubre.
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