La designación de Wilfrido Robledo Madrid como titular de la Policía Federal Ministerial revela la escasa relevancia que tiene para el presidente Felipe Calderón el respeto a las garantías individuales, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al recordar que el funcionario estuvo vinculado en el diseño y ejecución de los operativos policiacos de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México.
Para Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el regreso de Robledo a la administración pública es una señal más del riesgo de que en el país se sigan vulnerando las garantías individuales. Se suma a cuestiones como la reforma penal aprobada el año pasado y la posición que ha mantenido el gobierno federal de negarse a reconocer que el fuero militar favorece atropellos contra los ciudadanos.
Las agrupaciones civiles recordaron que como responsable de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense, Robledo estuvo a cargo de los operativos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, los cuales derivaron en violaciones graves de derechos humanos reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Actualmente el caso es investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la negativa de Robledo Madrid y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a reconocer su responsabilidad en los hechos, a pesar de que las mujeres víctimas de agresiones sexuales por parte de los uniformados han señalado a los responsables materiales e intelectuales.
Robledo también intervino en el allanamiento de la Policía Federal Preventiva a la Universidad Nacional Autónoma de México en 2000 y se le vinculó con presuntos actos fraudulentos cometidos en la compra de helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública federal, comentó Adrián Ramírez.
Robledo tiene un “negro historial en materia de derechos humanos”, concluyó el Centro Pro, y resaltó que la designación de un servidor público con cuestionables antecedentes en temas de derechos humanos, como ocurrió también con el procurador Arturo Chávez Chávez, evidencia la escasa relevancia que el Ejecutivo federal otorga a la defensa y protección de las garantías fundamentales.
Lejos de contribuir a la depuración de las corporaciones policiales, tales nombramientos implican volver a apostar por quienes en el pasado han mostrado no estar a la altura de tan importantes responsabilidades, indicó.
Para Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el regreso de Robledo a la administración pública es una señal más del riesgo de que en el país se sigan vulnerando las garantías individuales. Se suma a cuestiones como la reforma penal aprobada el año pasado y la posición que ha mantenido el gobierno federal de negarse a reconocer que el fuero militar favorece atropellos contra los ciudadanos.
Las agrupaciones civiles recordaron que como responsable de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense, Robledo estuvo a cargo de los operativos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, los cuales derivaron en violaciones graves de derechos humanos reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Actualmente el caso es investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la negativa de Robledo Madrid y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a reconocer su responsabilidad en los hechos, a pesar de que las mujeres víctimas de agresiones sexuales por parte de los uniformados han señalado a los responsables materiales e intelectuales.
Robledo también intervino en el allanamiento de la Policía Federal Preventiva a la Universidad Nacional Autónoma de México en 2000 y se le vinculó con presuntos actos fraudulentos cometidos en la compra de helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública federal, comentó Adrián Ramírez.
Robledo tiene un “negro historial en materia de derechos humanos”, concluyó el Centro Pro, y resaltó que la designación de un servidor público con cuestionables antecedentes en temas de derechos humanos, como ocurrió también con el procurador Arturo Chávez Chávez, evidencia la escasa relevancia que el Ejecutivo federal otorga a la defensa y protección de las garantías fundamentales.
Lejos de contribuir a la depuración de las corporaciones policiales, tales nombramientos implican volver a apostar por quienes en el pasado han mostrado no estar a la altura de tan importantes responsabilidades, indicó.
Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, 19 de diciembre.
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