Bajo un enfoque de seguridad nacional, el gobierno mexicano trata a los extranjeros indocumentadas como criminales, aunque en el discurso vela por la protección de sus derechos, denunció la organización civil Sin Fronteras.
En el marco del Día Internacional del Migrante, el organismo presentó un informe en el que plantea que si bien el gobierno mexicano argumenta que el objetivo de detener a los indocumentados es salvaguardar sus derechos humanos y protegerlos de daños a los que puedan estar expuestos en el país, en la práctica el objetivo es evitar que huyan o accedan a una defensa legal.
El Instituto Nacional de Migración (INM), reprochó, utiliza términos como "asegurar" o "alojar" cuando se refiere a la detención de extranjeros, sin que estos términos tengan validez jurídica.
"(Asegurar) es un término tramposo porque (los migrantes) no están detenidos y no están en condiciones de libertad. Entonces es la manera elegante de decirles 'están en prisión'", comentó en rueda de prensa el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza.
"Es una trampa jurídica, porque ese término no existe".
Así, aunque en 2008 el Congreso de la Unión avaló despenalizar la migración indocumentada, sostiene Sin Fronteras, la realidad es que los migrantes siguen siendo privados de su libertad en lugares muy parecidos a las cárceles, cuando lo que cometen es una falta administrativa.
El presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que, bajo el enfoque de seguridad nacional, México carece de marcos normativos que garanticen los derechos de los migrantes.
"Si cualquiera de nosotros es detenido, se supone que tenemos derecho al acceso a un abogado o pedir la protección de un juez, pero los migrantes no lo pueden hacer, porque administrativamente se considera que no se encuentran en detención", indicó.
Asimismo, cuestionó que el INM utilice la figura de "repatriación voluntaria", lo que implica que los migrantes se encuentran en las estaciones migratorias por su propia voluntad.
El informe, titulado "Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas en las Estaciones Migratorias de México" indica que el INM no cuenta con abogados propios que puedan dar servicio de asesoría y representación legal y limita el actuar de terceros.
"Es muy tramposo el acceso a las garantías judiciales en este procedimiento de migración. Se dice en la ley que el migrante podrá permanecer hasta 90 días en la estación migratoria, a excepción que haya interpuesto un recurso judicial para afectar la resolución por la cual está detenido", comentó Gutiérrez.
"Es una gran contradicción que una persona que ejerce sus derechos constitucionales, tenga que estar detenido".
Emilio Chávez, presidente de Sin Fronteras, consideró indispensable desarrollar alternativas a la detención de migrantes y adecuar el marco normativo para que cumpla con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
En el marco del Día Internacional del Migrante, el organismo presentó un informe en el que plantea que si bien el gobierno mexicano argumenta que el objetivo de detener a los indocumentados es salvaguardar sus derechos humanos y protegerlos de daños a los que puedan estar expuestos en el país, en la práctica el objetivo es evitar que huyan o accedan a una defensa legal.
El Instituto Nacional de Migración (INM), reprochó, utiliza términos como "asegurar" o "alojar" cuando se refiere a la detención de extranjeros, sin que estos términos tengan validez jurídica.
"(Asegurar) es un término tramposo porque (los migrantes) no están detenidos y no están en condiciones de libertad. Entonces es la manera elegante de decirles 'están en prisión'", comentó en rueda de prensa el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza.
"Es una trampa jurídica, porque ese término no existe".
Así, aunque en 2008 el Congreso de la Unión avaló despenalizar la migración indocumentada, sostiene Sin Fronteras, la realidad es que los migrantes siguen siendo privados de su libertad en lugares muy parecidos a las cárceles, cuando lo que cometen es una falta administrativa.
El presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que, bajo el enfoque de seguridad nacional, México carece de marcos normativos que garanticen los derechos de los migrantes.
"Si cualquiera de nosotros es detenido, se supone que tenemos derecho al acceso a un abogado o pedir la protección de un juez, pero los migrantes no lo pueden hacer, porque administrativamente se considera que no se encuentran en detención", indicó.
Asimismo, cuestionó que el INM utilice la figura de "repatriación voluntaria", lo que implica que los migrantes se encuentran en las estaciones migratorias por su propia voluntad.
El informe, titulado "Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas en las Estaciones Migratorias de México" indica que el INM no cuenta con abogados propios que puedan dar servicio de asesoría y representación legal y limita el actuar de terceros.
"Es muy tramposo el acceso a las garantías judiciales en este procedimiento de migración. Se dice en la ley que el migrante podrá permanecer hasta 90 días en la estación migratoria, a excepción que haya interpuesto un recurso judicial para afectar la resolución por la cual está detenido", comentó Gutiérrez.
"Es una gran contradicción que una persona que ejerce sus derechos constitucionales, tenga que estar detenido".
Emilio Chávez, presidente de Sin Fronteras, consideró indispensable desarrollar alternativas a la detención de migrantes y adecuar el marco normativo para que cumpla con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
Silvia Garduño, Reforma, 19 de diciembre.
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