Ataca crimen a activistas, alerta CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los ataques de que son objeto en México defensores de las garantías básicas y advirtió sobre la insuficiencia de las medidas de protección adoptadas por las autoridades.

En su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, presentado ayer, indica que los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas han ido en aumento en la región, en particular en países en donde persiste un conflicto armado interno o hay un constante enfrentamiento con grupos del crimen organizado.

"La CIDH ha recibido información preocupante sobre Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, en donde los ataques a las defensoras y los defensores afectan seriamente el respeto a los derechos humanos", indica el reporte.

En México, apunta, destacan los ataques contra ambientalistas, líderes indígenas y defensoras de derechos de las mujeres, en particular en Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

"En algunas zonas de estos estados donde más se cometerían agresiones contra defensores y defensoras, como en Ciudad Juárez, existe una alta presencia de fuerzas armadas como parte de la estrategia del gobierno para hacer frente a organizaciones del crimen organizado", indica.

"De acuerdo a la información recibida por la CIDH, los ataques provendrían de actores no estatales pertenecientes al crimen organizado, así como a sectores opositores a las causas lideradas por las defensoras y defensores, sin que las autoridades impidan los ataques, y por el contrario, de acuerdo a la información recibida, habría ocasiones en que éstas solicitarían al crimen organizado realizar el 'trabajo sucio'", agrega el reporte.

Entre enero de 2006 y octubre de 2010, detalla, se registraron al menos 165 situaciones de agresión o limitación a la labor de los activistas en México.

Los ataques, señala, incluyen también descalificación por parte de las propias autoridades.

Recuerda declaraciones del Secretario de Marina, Francisco Saynez, de México realizadas en julio de 2011, en las que señaló que "los grupos delictivos tratan de manchar el prestigio y el buen nombre de las instituciones utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos, intenta dañar la imagen de las instituciones".

Actualmente, advierte, no se cuenta en México con mecanismos efectivos de protección de los defensores.

No existe siquiera, señala, un protocolo que defina el procedimiento a seguir y que establezca criterios claros para evaluar si las medidas cautelares deben mantenerse o ser levantadas, así como reglas claras de coordinación entre instancias federales y locales.

Asimismo, cuestiona la ausencia de una línea presupuestal específica para afrontar los gastos que implican las medidas.


Silvia Garduño, La Jornada, 7 de marzo.