El gobierno tiene la responsabilidad de proteger a los migrantes en riesgo en el estado de México, luego de la confrontación entre vecinos e indocumentados el pasado 7 de julio en la colonia Lechería, afirmó Amnistía Internacional (AI).
En una carta enviada al gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, el organismo de derechos humanos externó su preocupación sobre el cierre del albergue para migrantes San Juan Diego en Tultitlán.
Según directivos del refugio, recordó AI, la semana pasada hubo una riña entre migrantes y vecinos de la localidad, provocado por personas ajenas al albergue, sin que hubiera alguna patrulla policial en ese momento, pese a que las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) obligaba a los agentes a estar ahí en todo momento.
Tras el enfrentamiento, algunos vecinos se manifestaron por el cierre del albergue. Dos días después, añadió Amnistía, el encargado del sitio fue amenazado por su actividad, lo cual forzó la clausura temporal de la casa.
El cierre del albergue puede tener consecuencias graves para muchos migrantes en condiciones precarias que llegan al estado de México en tránsito al norte. Las autoridades de México han admitido la vulnerabilidad de indocumentados, por tanto es esencial que los los activistas sean reconocidos y apoyados para que puedan seguir con esa labor, dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.
En su misiva –enviada también a la Secretaría de Gobernación y a la CNDH–, la organización pidió al gobernador mexiquense que ordene investigar las amenazas y agresiones contra el refugio San Juan Diego; asegure la protección de indocumentados y brinde las condiciones para su reapertura.
Fernando Camacho Servín, La Jornada, 14 de julio.
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