El Consejo General del IFE carece de autoridad y de tamaños para ejercer sus facultades conferidas por la Constitución y por las cuales estaría obligado a promover la cultura democrática, sostuvo Porfirio Muñoz Ledo.
El candidato plurinominal a la Cámara de Diputados por el Partido del Trabajo propuso a su vez la desaparición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque “se ha convertido en un chipote de la legislación” al evitar el tránsito de los temas electorales de relevancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para el ex embajador, el IFE posee las facultades constitucionales suficientes para organizar debates entre los candidatos a cargos de elección popular, no obstante, el mexicano “es el único sistema político que no organiza debates, prefiere la faramalla de enfrentar a los presidentes de tres partidos”, refirió con enojo.
“La redacción constitucional del artículo 41 da las facultades al IFE para promover la cultura democrática, y es la más alta autoridad electoral. Si tuviera personalidad y ganas de hacer las cosas, desde hace meses habría organizado debates entre los candidatos.
“La negativa del IFE revela su falta de autoridad, el no tener la enjundia ni los tamaños para ejercer las facultades constitucionales que tiene; ahora el Trife es una calamidad, ya he propuesto su desaparición; se convirtió en un chipote de la legislación electoral, porque evita que lleguen los asuntos electorales a la Corte”.
Muñoz Ledo envió el 17 de junio una carta al presidente del Consejo General, Leonardo Valdés, donde solicita al instituto organizar debates entre los candidatos al Congreso federal.
“Desde hace casi dos meses he estado en contacto con las autoridades electorales para solicitar la organización de debates entre candidatos, que, en mi criterio, es parte esencial de las funciones que tienen encomendadas.
“La negativa a promoverlos, con el pretexto de que ya organizaron los Foros de Contraste de Propuestas Electorales –que tuvieron muy escasa difusión–, no se compadece con el carácter del instituto como promotor de la cultura política y guardián de la calidad de la democracia.”
En el texto a Valdés, Muñoz Ledo solicita al Consejo General promover la discusión entre postulantes a diputaciones federales.
El IFE tiene ya la obligación legal de realizar debates entre los candidatos presidenciales. Esta atribución podría ampliarse a las campañas intermedias, lo que contribuiría al desarrollo de la vida democrática, como indica el artículo 105 del Cofipe, considera.
“Por lo que hace a la cuarta circunscripción, que comprende a la ciudad de México, podríamos concurrir a un debate quienes encabezamos las listas [...]. Lo mismo podría hacerse en otras regiones, con un impacto [...] a escala distrital.
“La difusión de los mismos no tendría impedimento legal, ya que el [...] Cofipe faculta al instituto como autoridad única para la administración del tiempo del Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines. [...] Podría invitarse al Canal del Congreso, así como al de la UNAM para difundir estos actos. Además, el uso de nuevas tecnologías de la información ampliaría su alcance ciudadano. Estimo que la Cámara de la Industria de Radio y Televisión no tendría inconveniente en prestar su colaboración, tratándose de debates entre candidatos y en términos apegados a la ley”.
El candidato plurinominal a la Cámara de Diputados por el Partido del Trabajo propuso a su vez la desaparición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque “se ha convertido en un chipote de la legislación” al evitar el tránsito de los temas electorales de relevancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para el ex embajador, el IFE posee las facultades constitucionales suficientes para organizar debates entre los candidatos a cargos de elección popular, no obstante, el mexicano “es el único sistema político que no organiza debates, prefiere la faramalla de enfrentar a los presidentes de tres partidos”, refirió con enojo.
“La redacción constitucional del artículo 41 da las facultades al IFE para promover la cultura democrática, y es la más alta autoridad electoral. Si tuviera personalidad y ganas de hacer las cosas, desde hace meses habría organizado debates entre los candidatos.
“La negativa del IFE revela su falta de autoridad, el no tener la enjundia ni los tamaños para ejercer las facultades constitucionales que tiene; ahora el Trife es una calamidad, ya he propuesto su desaparición; se convirtió en un chipote de la legislación electoral, porque evita que lleguen los asuntos electorales a la Corte”.
Muñoz Ledo envió el 17 de junio una carta al presidente del Consejo General, Leonardo Valdés, donde solicita al instituto organizar debates entre los candidatos al Congreso federal.
“Desde hace casi dos meses he estado en contacto con las autoridades electorales para solicitar la organización de debates entre candidatos, que, en mi criterio, es parte esencial de las funciones que tienen encomendadas.
“La negativa a promoverlos, con el pretexto de que ya organizaron los Foros de Contraste de Propuestas Electorales –que tuvieron muy escasa difusión–, no se compadece con el carácter del instituto como promotor de la cultura política y guardián de la calidad de la democracia.”
En el texto a Valdés, Muñoz Ledo solicita al Consejo General promover la discusión entre postulantes a diputaciones federales.
El IFE tiene ya la obligación legal de realizar debates entre los candidatos presidenciales. Esta atribución podría ampliarse a las campañas intermedias, lo que contribuiría al desarrollo de la vida democrática, como indica el artículo 105 del Cofipe, considera.
“Por lo que hace a la cuarta circunscripción, que comprende a la ciudad de México, podríamos concurrir a un debate quienes encabezamos las listas [...]. Lo mismo podría hacerse en otras regiones, con un impacto [...] a escala distrital.
“La difusión de los mismos no tendría impedimento legal, ya que el [...] Cofipe faculta al instituto como autoridad única para la administración del tiempo del Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines. [...] Podría invitarse al Canal del Congreso, así como al de la UNAM para difundir estos actos. Además, el uso de nuevas tecnologías de la información ampliaría su alcance ciudadano. Estimo que la Cámara de la Industria de Radio y Televisión no tendría inconveniente en prestar su colaboración, tratándose de debates entre candidatos y en términos apegados a la ley”.
Roberto Garduño, La Jornada, 27 de junio.
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