Durante la sesión, los consejeros asumieron que dicha difusión del PVEM en Televisa violó la legalidad, afectando la equidad en la contienda electoral. A pesar de las diferencias, que quedaron manifiestas en cuanto al número de espots por los que se iba a aplicar un castigo, el PRD evidenció que el Partido Verde al menos se anunció tres veces más de lo que legalmente le correspondía con las prerrogativas en los tiempos oficiales.
Igualmente, Convergencia dio a conocer la grabación de una entrevista radiofónica al actor Raúl Araiza, en la que se evidencia que el reportaje en la revista fue publicidad pagada. En dicha grabación, Araiza reconoce que fue contratado mediante un casting, como si lo hubieran contratado cualquier empresa, y deja claro que discrepa de la propuesta acerca de la pena de muerte.
Paradójicamente, en los anuncios que estuvieron al aire entre el 3 y 16 de junio, se promocionaba la “entrevista” con Araiza para que la gente se enterara porqué estaba de acuerdo con las propuestas del PVEM, incluida la pena de muerte. En el dictamen quedó acreditado el contrato de 13 millones de pesos entre el PVEM y la revista.
El representante del partido, Arturo Escobar, sólo habló dos minutos para amagar con que impugnarían ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, cuando Convergencia dio a conocer la entrevista radiofónica con Araiza, el rostro de Escobar se descompuso.
El perredista Rafael Hernández destacó la estrategia ilegal aplicada por medio de Televisa y sus filiales, que ofrecieron un paquete para anunciar al PVEM, como hacen con otros clientes. Subrayó que el dictamen sólo computaba 294 espots, cuando en realidad fueron 589, según el monitoreo que realiza el propio IFE.
Ante ello, el presidente del instituto, Leonardo Valdés, asumió que la contabilización de promocionles era incorrecta, y propuso un engrose para que quedara en 397, lo cual no satisfizo al PRD, por lo que anunció que interpondrá una nueva queja para evitar la impunidad en los espots restantes.
El PAN aprovechó para arremeter contra el PRI, aliado del PVEM en 63 distritos y principal adversario en la contienda. Roberto Gil demandó que las sanciones se hagan extensivas en la medida en que el tricolor se benefició de la ventaja electoral obtenida ilegalmente por el PVEM en los distritos aludidos.
Los consejeros homologaron su postura al considerar que se violó la legalidad. Sólo el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar defendió parcialmente a Televisa al considerar que no podía sancionarse a la concesionaria por difundir espots de una publicación. En contraste, su homólogo Alfredo Figueroa sostuvo que debería haber mayor compromiso de la televisora con la democracia y la ley.
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