Al tener en cuenta las reformas antiaborto aprobadas en diversos estados, el Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento) ha apoyado desde junio pasado a cerca de 400 mujeres de escasos recursos para que interrumpan su embarazo en el Distrito Federal, informó Eugenia López, coordinadora de esta iniciativa.
Detalló en entrevista que las beneficiadas con el fondo provienen de Puebla, Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y estado de México. Agregó que a 350 se les ha costeado hospedaje y alimentación, mientras a 50 además les pagaron el viaje en camión desde sus entidades.
Agregó que no cuentan con un perfil único, pero sí comparten la “angustia” de no tener acceso en sus estados a un aborto seguro.
Todas carecen de recursos. Tienen diversas edades. Habitan en zonas urbanas o rurales e indígenas. Algunas son migrantes deportadas de Estados Unidos. También hay amas de casa que ya tienen tres o cuatro hijos y no están en condiciones de mantener a más.
Respecto a la aprobación de leyes antiaborto, expuso que “estamos regresando a siglos pasados; esto es un retroceso catastrófico ejercido por los poderes locales bajo la influencia de poderes fácticos”, y criticó la intervención de la Iglesia católica en este asunto.
“Se debe exigir cuentas a nuestros representantes, los que deben hacer valer la prevalencia del Estado laico (…) la Iglesia tiene una agenda clara en este sentido y aprovecha el incipiente proceso de descentralización para ejercer el poder que tiene localmente.”
Es lamentable, subrayó, que los derechos femeninos “sean moneda de cambio. No puede ser que nuestras garantías estén en la mesa para intercambiarse por otras cosas y escalar en el poder.
“Tenemos que cambiar la forma de pensar. Los derechos de las mujeres no son negociables.”
Aseguró que con la despenalización el número de abortos no aumenta. En cambio, si se castiga la interrupción del embarazo, ésta se realiza de manera clandestina e insegura, con lo que se pone en riesgo la salud de las mujeres.
“Quienes promueven estos cambios (a las leyes) no han de saber que, por ejemplo, en Chiapas hay mujeres que prefieren envenenarse con pesticidas y agroquímicos antes que continuar con un embarazo que no desean; o bien que algunas toman sustancias extrañas para interrumpir embarazos o se avientan por las escaleras o se introducen objetos punzocortantes.”
Remarcó que no se entiende que a cinco años de la fecha fijada para cumplir los Objetivos del Milenio, se den pasos atrás en algunos de los aspectos relevantes de ese acuerdo.
“Estamos a cinco años de tener que lograr una disminución de la mortalidad materna, pero parece que lo que se hace en México es desplegar estrategias para aumentarla, poniendo como opción a las mujeres abortos clandestinos.”
El Fondo MARIA comenzó a funcionar en junio pasado. Es una iniciativa pionera en un país en desarrollo y está afiliada a la Red Nacional de Fondos de Aborto de Estados Unidos.
López manifestó que las mujeres que requieren apoyo de dicho fondo pueden hacer contacto a través de la página de Internet www.redbalance.org/maria
Detalló en entrevista que las beneficiadas con el fondo provienen de Puebla, Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y estado de México. Agregó que a 350 se les ha costeado hospedaje y alimentación, mientras a 50 además les pagaron el viaje en camión desde sus entidades.
Agregó que no cuentan con un perfil único, pero sí comparten la “angustia” de no tener acceso en sus estados a un aborto seguro.
Todas carecen de recursos. Tienen diversas edades. Habitan en zonas urbanas o rurales e indígenas. Algunas son migrantes deportadas de Estados Unidos. También hay amas de casa que ya tienen tres o cuatro hijos y no están en condiciones de mantener a más.
Respecto a la aprobación de leyes antiaborto, expuso que “estamos regresando a siglos pasados; esto es un retroceso catastrófico ejercido por los poderes locales bajo la influencia de poderes fácticos”, y criticó la intervención de la Iglesia católica en este asunto.
“Se debe exigir cuentas a nuestros representantes, los que deben hacer valer la prevalencia del Estado laico (…) la Iglesia tiene una agenda clara en este sentido y aprovecha el incipiente proceso de descentralización para ejercer el poder que tiene localmente.”
Es lamentable, subrayó, que los derechos femeninos “sean moneda de cambio. No puede ser que nuestras garantías estén en la mesa para intercambiarse por otras cosas y escalar en el poder.
“Tenemos que cambiar la forma de pensar. Los derechos de las mujeres no son negociables.”
Aseguró que con la despenalización el número de abortos no aumenta. En cambio, si se castiga la interrupción del embarazo, ésta se realiza de manera clandestina e insegura, con lo que se pone en riesgo la salud de las mujeres.
“Quienes promueven estos cambios (a las leyes) no han de saber que, por ejemplo, en Chiapas hay mujeres que prefieren envenenarse con pesticidas y agroquímicos antes que continuar con un embarazo que no desean; o bien que algunas toman sustancias extrañas para interrumpir embarazos o se avientan por las escaleras o se introducen objetos punzocortantes.”
Remarcó que no se entiende que a cinco años de la fecha fijada para cumplir los Objetivos del Milenio, se den pasos atrás en algunos de los aspectos relevantes de ese acuerdo.
“Estamos a cinco años de tener que lograr una disminución de la mortalidad materna, pero parece que lo que se hace en México es desplegar estrategias para aumentarla, poniendo como opción a las mujeres abortos clandestinos.”
El Fondo MARIA comenzó a funcionar en junio pasado. Es una iniciativa pionera en un país en desarrollo y está afiliada a la Red Nacional de Fondos de Aborto de Estados Unidos.
López manifestó que las mujeres que requieren apoyo de dicho fondo pueden hacer contacto a través de la página de Internet www.redbalance.org/maria
Carolina Gómez Mena, La Jornada, 6 de diciembre.
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