PUEBLA.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos promueve reformas legales para fincar responsabilidad política y penal a autoridades que incumplan con las recomendaciones de la CNDH, señaló el Ombudsman Raúl Plascencia.
El funcionario consideró que para garantizar que las recomendaciones se cumplan, es necesario que las autoridades reticentes sean llamadas por el Congreso de los estados o de la Unión a rendir cuentas, y que se deslinde la responsabilidad política.
"De esa forma podríamos tener un mecanismo, un contrapeso para evitar esas circunstancias de que (las recomendaciones) no les afectan, no las cumplen y no pasa nada.
"El tema de la responsabilidad política es importante y todos los servidores públicos estamos obligados a acatar la Constitución", dijo.
Reiteró que todo servidor público está obligado a acatar la Constitución, de tal manera que cuando se le vulnere y se violen derechos humanos, haya sanciones políticas y penales.
Según Plascencia, hasta ahora en México poco más del 90 por ciento de las recomendaciones se aceptan y se cumplen, sin embargo, apuntó, es fundamental prevenir futuras violaciones a derechos humanos.
Añadió que también se pretende que haya reformas que permitan a la CNDH no sólo presentar denuncias, sino dar seguimiento a las mismas ante los Ministerios Públicos y autoridades correspondientes, y destacó que antes de que termine el mes de febrero, dentro de los primeros 100 días de su gestión, impulsará las reformas correspondientes ante el Congreso de la Unión.
El funcionario urgió a instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales a lograr consensos en favor de la celebración de un Acuerdo Nacional por la Cultura de la Legalidad y el Estado de Derecho.
Durante el informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullén, Plascencia llamó a la sociedad civil a trabajar conjuntamente con las instituciones públicas para contener el abuso del poder.
Por otra parte, durante el informe de Bullén un grupo de mujeres irrumpió para protestar contra el PRI y el PAN por aprobar en marzo pasado la ley que prohibe a las mujeres interrumpir de manera legal un embarazo.
"PRIAN + CDH, Iglesia + Soberanes = mujeres criminales", rezaban las pancartas de las activistas que también protestaron por el número de feminicidios registrados en la entidad.
"Puebla es séptimo lugar en feminicidios sólo hemos oído el silencio de la CDH", cuestionaron las manifestantes.
Una de las integrantes del grupo entregó una misiva a Bullen Navarro, en donde critican su desempeño por mantenerse al margen tras la reforma Constitucional que permite la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte.
En la carta que entregaron a la Ombudsman le advirtieron que hay 860 mujeres que demandaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por estas reformas.
El funcionario consideró que para garantizar que las recomendaciones se cumplan, es necesario que las autoridades reticentes sean llamadas por el Congreso de los estados o de la Unión a rendir cuentas, y que se deslinde la responsabilidad política.
"De esa forma podríamos tener un mecanismo, un contrapeso para evitar esas circunstancias de que (las recomendaciones) no les afectan, no las cumplen y no pasa nada.
"El tema de la responsabilidad política es importante y todos los servidores públicos estamos obligados a acatar la Constitución", dijo.
Reiteró que todo servidor público está obligado a acatar la Constitución, de tal manera que cuando se le vulnere y se violen derechos humanos, haya sanciones políticas y penales.
Según Plascencia, hasta ahora en México poco más del 90 por ciento de las recomendaciones se aceptan y se cumplen, sin embargo, apuntó, es fundamental prevenir futuras violaciones a derechos humanos.
Añadió que también se pretende que haya reformas que permitan a la CNDH no sólo presentar denuncias, sino dar seguimiento a las mismas ante los Ministerios Públicos y autoridades correspondientes, y destacó que antes de que termine el mes de febrero, dentro de los primeros 100 días de su gestión, impulsará las reformas correspondientes ante el Congreso de la Unión.
El funcionario urgió a instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales a lograr consensos en favor de la celebración de un Acuerdo Nacional por la Cultura de la Legalidad y el Estado de Derecho.
Durante el informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullén, Plascencia llamó a la sociedad civil a trabajar conjuntamente con las instituciones públicas para contener el abuso del poder.
Por otra parte, durante el informe de Bullén un grupo de mujeres irrumpió para protestar contra el PRI y el PAN por aprobar en marzo pasado la ley que prohibe a las mujeres interrumpir de manera legal un embarazo.
"PRIAN + CDH, Iglesia + Soberanes = mujeres criminales", rezaban las pancartas de las activistas que también protestaron por el número de feminicidios registrados en la entidad.
"Puebla es séptimo lugar en feminicidios sólo hemos oído el silencio de la CDH", cuestionaron las manifestantes.
Una de las integrantes del grupo entregó una misiva a Bullen Navarro, en donde critican su desempeño por mantenerse al margen tras la reforma Constitucional que permite la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte.
En la carta que entregaron a la Ombudsman le advirtieron que hay 860 mujeres que demandaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por estas reformas.
Francisco Rivas, Reforma, 5 de diciembre.
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