La jerarquía católica no dejará de orientar a los fieles, sólo porque hay grupos que en lugar de agradecer el exhorto que se hace a la ciudadanía para participar en los procesos políticos y en la construcción de la democracia, intentan reducir al sector eclesiástico a ser ciudadanos de segunda, afirmó el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi.
Recordó que los ministros de culto recibieron un exhorto de la Secretaría de Gobernación, en el que se les recordó los “ordenamientos que establecen la prohibición de realizar proselitismo político o inducir el voto a favor o en contra de candidatos o paridos”.
En fechas cercanas a las elecciones, indicó el jerarca católico, no faltan voces airadas y repetitivas que “nos reclaman porque hablamos de estos temas. Quisieran que la Iglesia no predicara su doctrina y que para nada interviniéramos, como si este acontecimiento nada tuviera que ver con la religión, con la fe cristiana; como si la ética no tuviera lugar en la política; como si el laicismo significara marginar la religión de la vida social; como si la separación Iglesia-Estado significara desconocer que somos ciudadanos con plenos derechos”.
Esos grupos, sostuvo el obispo Arizmendi, “nos deberían agradecer que estamos promoviendo la participación ciudadana en la construcción de la democracia. Deberían reconocer que estamos ayudando al país en la dignificación de la política, que muchos han desvirtuado. Deberían valorar que estamos promoviendo el voto consciente, crítico, maduro y libre, contra quienes se empeñan en desaconsejarlo, o nulificarlo”.
Los religiosos, puntualizó, defienden el sano laicismo, entendido como el respeto a la pluralidad religiosa y la no imposición de una sola religión para todo un pueblo; como la no intervención del gobierno en asuntos internos de las Iglesias, y el respeto de éstas a las justas disposiciones de las leyes.
Traicionaríamos, sostuvo, “nuestra responsabilidad si calláramos cuando estos derechos fueran violentados. Somos respetuosos de las leyes, pero éstas deben respetar el derecho a la plena libertad religiosa”.
Nuestro sistema democrático, señaló el preslado, requiere avances significativos, para lograr una mayor participación de la sociedad, mediante procesos ya comprobados en otros países y en comunidades indígenas. Para ello, se requieren legisladores maduros y creativos, que propongan nuevos mecanismos de participación ciudadana.
Recordó que los ministros de culto recibieron un exhorto de la Secretaría de Gobernación, en el que se les recordó los “ordenamientos que establecen la prohibición de realizar proselitismo político o inducir el voto a favor o en contra de candidatos o paridos”.
En fechas cercanas a las elecciones, indicó el jerarca católico, no faltan voces airadas y repetitivas que “nos reclaman porque hablamos de estos temas. Quisieran que la Iglesia no predicara su doctrina y que para nada interviniéramos, como si este acontecimiento nada tuviera que ver con la religión, con la fe cristiana; como si la ética no tuviera lugar en la política; como si el laicismo significara marginar la religión de la vida social; como si la separación Iglesia-Estado significara desconocer que somos ciudadanos con plenos derechos”.
Esos grupos, sostuvo el obispo Arizmendi, “nos deberían agradecer que estamos promoviendo la participación ciudadana en la construcción de la democracia. Deberían reconocer que estamos ayudando al país en la dignificación de la política, que muchos han desvirtuado. Deberían valorar que estamos promoviendo el voto consciente, crítico, maduro y libre, contra quienes se empeñan en desaconsejarlo, o nulificarlo”.
Los religiosos, puntualizó, defienden el sano laicismo, entendido como el respeto a la pluralidad religiosa y la no imposición de una sola religión para todo un pueblo; como la no intervención del gobierno en asuntos internos de las Iglesias, y el respeto de éstas a las justas disposiciones de las leyes.
Traicionaríamos, sostuvo, “nuestra responsabilidad si calláramos cuando estos derechos fueran violentados. Somos respetuosos de las leyes, pero éstas deben respetar el derecho a la plena libertad religiosa”.
Nuestro sistema democrático, señaló el preslado, requiere avances significativos, para lograr una mayor participación de la sociedad, mediante procesos ya comprobados en otros países y en comunidades indígenas. Para ello, se requieren legisladores maduros y creativos, que propongan nuevos mecanismos de participación ciudadana.
Eugenia Jiménez, Milenio, 25 de junio.
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