El Gobierno federal se equivoca al priorizar la lucha contra el crimen organizado por encima de la implantación de un sistema de justicia eficiente, consideró ayer Emilio Rabasa, de la Red de Seguridad con Justicia.
"Hay una concepción errónea del Gobierno y de un segmento del Poder Judicial, y de que primero es el narcotráfico y primero se debe ganar la lucha contra el crimen organizado y luego, ya con cierta paz social, entrarle al nuevo sistema de justicia.
"Lo que sostengo es exactamente al revés, porque para que halla esa paz social, para que le ganemos la lucha al narcotráfico necesitamos contar con un sistema de justicia poderoso e incorruptible, o mínimamente corrompible", dijo.
Durante el foro "Seguridad con Justicia", el académico aseguró que en países como Gran Bretaña y España ya se demostró que la "ecuación" de nuestro Gobierno es errónea, pues redujeron sus índices delictivos con fuertes sistemas de justicia.
Rabasa destacó que a pesar de que la reforma constitucional en materia penal se aprobó desde hace un año, aún no percibe que la clase política tenga la voluntad necesaria para implementarla a corto plazo.
Sugirió a los políticos y a la sociedad "enamorarse" del nuevo modelo, como lo hizo la sociedad chilena, que con la oralidad redujo el número de casos que llegan a proceso penal; incentivó la resolución de conflictos por medio de métodos alternativos; acortó los tiempos de duración de los juicios y triplicó el número de sentencias condenatorias.
"Para que la reforma opere, funcione y se implemente, es necesario que tanto los poderes políticos como la sociedad acojan el nuevo modelo, es decir, que la sientan suya, que no sientan que es una iniciativa que viene de algún grupo de diputados, senadores o de la misma red de juicios orales, sino como una necesidad que no se puede posponer", aseveró.
El especialista propuso que en la próxima legislatura se creen comisiones de vigilancia en el Congreso, para llevar un control estricto sobre cómo se está implementando la reforma a nivel federal y en las entidades.
Una propuesta similar fue impulsada por el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Felipe Borrego; mientras que el académico Enrique Ochoa señaló que las entidades que aún no arrancan con la instauración de los juicios orales, deben "voltear a ver" a Chihuahua y Nuevo León, que a pesar de tener esquemas judiciales distintos, ambos han demostrado ser modelos exitosos.
"Hay una concepción errónea del Gobierno y de un segmento del Poder Judicial, y de que primero es el narcotráfico y primero se debe ganar la lucha contra el crimen organizado y luego, ya con cierta paz social, entrarle al nuevo sistema de justicia.
"Lo que sostengo es exactamente al revés, porque para que halla esa paz social, para que le ganemos la lucha al narcotráfico necesitamos contar con un sistema de justicia poderoso e incorruptible, o mínimamente corrompible", dijo.
Durante el foro "Seguridad con Justicia", el académico aseguró que en países como Gran Bretaña y España ya se demostró que la "ecuación" de nuestro Gobierno es errónea, pues redujeron sus índices delictivos con fuertes sistemas de justicia.
Rabasa destacó que a pesar de que la reforma constitucional en materia penal se aprobó desde hace un año, aún no percibe que la clase política tenga la voluntad necesaria para implementarla a corto plazo.
Sugirió a los políticos y a la sociedad "enamorarse" del nuevo modelo, como lo hizo la sociedad chilena, que con la oralidad redujo el número de casos que llegan a proceso penal; incentivó la resolución de conflictos por medio de métodos alternativos; acortó los tiempos de duración de los juicios y triplicó el número de sentencias condenatorias.
"Para que la reforma opere, funcione y se implemente, es necesario que tanto los poderes políticos como la sociedad acojan el nuevo modelo, es decir, que la sientan suya, que no sientan que es una iniciativa que viene de algún grupo de diputados, senadores o de la misma red de juicios orales, sino como una necesidad que no se puede posponer", aseveró.
El especialista propuso que en la próxima legislatura se creen comisiones de vigilancia en el Congreso, para llevar un control estricto sobre cómo se está implementando la reforma a nivel federal y en las entidades.
Una propuesta similar fue impulsada por el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Felipe Borrego; mientras que el académico Enrique Ochoa señaló que las entidades que aún no arrancan con la instauración de los juicios orales, deben "voltear a ver" a Chihuahua y Nuevo León, que a pesar de tener esquemas judiciales distintos, ambos han demostrado ser modelos exitosos.
Antonio Baranda, Reforma, 26 de junio.
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