Reforma a ley de seguridad transfiere el poder público al militar: Muñoz Ledo

La reforma a la minuta de Ley de Seguridad Nacional, elaborada por diputados que despreciaron el trabajo de cinco comisiones legislativas que se encargaron de dictaminarla, representa la “transferencia del poder público al militar. Si esto llevara dedicatoria a los militares mexicanos, pues hacen un régimen militar, pero se está entregando el comando de la guerra de (Felipe) Calderón a Estados Unidos, a los esquemas estratégicos de aquel país, que se elaboran desde Washington”, sostiene el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo.

Al concluir el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, tras abrirse la puerta de la congeladora legislativa a la reforma priísta por tiempo indeterminado, el representante del Partido del Trabajo advierte que el desplazamiento del poder civil al militar “deja en total indefensión a la ciudadanía, lo que representa la violación de los supuestos normativos de un estado de derecho. El mundo de los grises es el escurrimiento de un Estado débilmente democrático a uno claramente dictatorial, y dictatorial supeditado a uno extranjero es la pérdida absoluta de la soberanía nacional”.

Ese diferimiento de facultades, expone, representa la consagración de la injerencia del Ejército en tareas de seguridad pública. “Entonces, hay que definir en la Constitución que en tiempos de paz no hay guerra. Ese es el asunto más peligroso, porque la teoría de la exposición de motivos del documento que nos repartieron es la de los grises. Dice una cosa bárbara, que no hay negro ni blanco, que nunca hay paz absoluta ni guerra absoluta.

“El mundo de los grises lo que hace es crear un régimen político difuso en el cual, en materia de seguridad nacional, las autoridades civiles y militares resuelven de acuerdo con las circunstancias y, en realidad, en actos de carácter absolutista. La Constitución prevé que tratándose de una declaratoria de guerra formal, que es tema de seguridad nacional, debe haber un decreto del Congreso que suspenda garantías. Éste debe controlar la suspensión, y a todo ello se está renunciando.”

–El documento, elaborado por el PRI en la Cámara de Diputados, incluye un inusual apartado de política exterior. ¿Qué conlleva de fondo?

–Está trasladando al Ejército facultades de política exterior. Dice que las autoridades encargadas de la seguridad pública podrán interpretar y aplicar los principios de política exterior contenidos en la Constitución. Ello quiere decir que le están dando vuelta a la historia, están volviendo 70 años. Ahora todo es guerra. Se está dando un giro de 180 grados a lo que fue la institucionalización del Ejército como gobierno. El progreso de la civilidad da vuelta atrás. ¿De qué se trata? Esto es muy sospechoso.

“Estas facultades que se pretende darle en materia de política exterior quieren decir que el Ejército y la Marina van a decidir cómo se aplica el principio de autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial de los estados. Es muy raro que se pasen facultades de la cancillería a la Defensa. Por eso pedimos el turno a la Comisión de Relaciones Exteriores.”

–¿Contemplan un estado de afectación? ¿Qué significa ese término en política de seguridad?

–Hay vuelta atrás en cuanto a las facultades absolutamente arbitrarias que se otorgan a las fuerzas de seguridad, en virtud del estado de excepción que le llaman estado de afectación. Es un eufemismo, porque no regula la seguridad nacional, sino temas de seguridad pública. Esta es una ley cuyo objetivo claro es fortalecer la participación del Ejército y la Marina en actividades contra el crimen organizado.

–Es una tendencia que ha penetrado en las instituciones.

–Sí, proviene del famoso Aspan (Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte), que no es un tratado. En éste se aceptó la teoría de seguridad nacional de Estados Unidos. En realidad nos estamos plegando a nivel legal a la integración con ese país en materia de seguridad, pese a que ellos no adquieren un compromiso recíproco. Curiosamente, el Aspan elude compromisos reales y el fenómeno migratorio en Estados Unidos para garantizar la seguridad pública en México. Nos integramos a su estrategia a través de cientos de miles de muertos cuando no hay uno solo del otro lado.

“El gobierno estadunidense no adquiere siquiera el compromiso de impedir el paso de armas. Estamos en un círculo vicioso. Washington compensa la pérdida enorme de su balanza de pagos por la compra de droga –que se estima en 35 mil millones de dólares–, con la venta de armas a México. Se calcula que hay en este país más de 18 millones de armas; se está cerrando la tuerca en México.”

–Usted denuncia que, de aprobarse, se daría un importante paso para la disolución del Congreso, pero también observa un riesgo latente para el periodismo.

–Aprobar esta ley es un suicidio del Congreso, porque contrariamente a lo estipulado en el artículo 29 constitucional se está renunciando al control que debe ejercerse sobre las actividades del Ejército en los estados de excepción y en el estado de afectación para individuos o comunidades. Y aguas para la prensa. Si hay un país con ataques contra la libertad de expresión, asesinatos y desaparición de periodistas, ese es México. Los medios de comunicación van a ser los primeros que van a sufrir eso.

–¿De quién se quiere proteger al Ejército y la Marina?

–Ahora dicen que se trata de proteger al Ejército, y no, señores. Se supone que esta guerra estúpida de (Felipe) Calderón era para proteger a la sociedad, y ahora se dice que se trata de proteger al Ejército. Dicen ‘qué bueno que el Ejército tenga el escrúpulo de pedirnos una ley’. Efectivamente, quiere actuar dentro de la ley, le conviene porque no sabe qué pueda pasar en el futuro. Los militares se están protegiendo y los civiles están dejando todo el paquete a éstos.

“Esta es una terrible espada de Damocles, porque uno de los argumentos de priístas y panistas es que mejor debemos regular lo que ya está pasando y cada día empeora. Todo ello lleva al fin de la diplomacia mexicana. Es una barbaridad, un ultraje. Debemos estar muy alertas. Y lo que nos están planteando es: aceptas legalizar el abuso o sigo abusando.”

Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 1º de mayo.

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