Aprueban congresos estatales reforma en derechos humanos; la CNDH lo aplaude

El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, celebró la ratificación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual alcanzó el miércoles el aval de la mayoría de las legislaturas de los estados (17).

En entrevista, aseguró que ésta blindará en mayor grado las garantías de los mexicanos, porque la CNDH y organismos públicos especializados en la materia contarán con más herramientas jurídicas para actuar en contra de autoridades que no se comprometan con la defensa de los derechos humanos, en especial en contextos violentos como el de hoy.

Entre los principales beneficios de las modificaciones constitucionales citó la de dotar de eficacia jurídica a las recomendaciones emitidas por la Comisión.

La aplicación de nuevos medios de control, pues el Senado de la República o la Comisión Permanente “tendrán la facultad de llamar a cuentas a funcionarios que no cumplan o no acepten una recomendación, para que expliquen el motivo de su negativa”.

Además, las nuevas atribuciones de la CNDH de conocer las quejas relacionadas con cuestiones laborales o de ejercer investigaciones sobre violaciones graves a garantías individuales, que antes era tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También el cumplimiento de más de cien instrumentos internacionales como tratados, declaraciones y diversos compromisos firmados por nuestro país y el acento en la atención a víctimas del delito, “porque los órganos de procuración de justicia tendrán que hacer efectivo el derecho de los agraviados a obtener la reparación del daño”.

Plascencia señaló que “cumplir con los derechos humanos no es optativo, las autoridades deben estar conscientes de la alta responsabilidad que implica observarlos y respetarlos, y la CNDH hará la parte que le corresponde para servir a la sociedad”.

Exhortó a los 15 congresos restantes a aprobar las nuevas disposiciones.

De acuerdo con el artículo 135 de la Carta Magna, una reforma de este tipo, además de ser respaldada por el Congreso de la Unión, “tiene que ser aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales” (la número 17 fue Tamaulipas).



Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 20 de mayo.