Puntualizan diputados que el Cofipe no limita en nada la libertad de expresión

Al aprobar el dictamen a la minuta de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados respondió a las críticas vertidas por las televisoras y el Consejo Coordinador Empresarial que en las modificaciones “no existe una sola norma, una sola disposición que pueda ser tachada de contraria a la libertad de expresión”. El pleno de la comisión cuestionó en el dictamen que existan “voces que persisten en confundir a la sociedad con falacias, que en nada corresponden al sentido y alcance de las normas constitucionales aprobadas, ni de la reglamentación que se propone del Cofipe”.

Señaló que de la revisión detallada y exhaustiva de cada uno de los artículos que integran el Cofipe, en especial de los contenidos en el libro segundo, relativo al acceso a radio y televisión, se “puede afirmar con plena certeza jurídica, con absoluta responsabilidad ante la sociedad”, que ninguno viola ninguna garantía, en especial la de libertad de expresión.

El dictamen, aprobado anoche con algunos votos en contra de PRD y PT, será presentado en la sesión de este martes, y se le dispensarán los trámites legislativos para que sea votado de inmediato, pues la comisión no efectuó ningún cambio a la minuta, aunque ello fue cuestionado por la diputada Valentina Batres y el coordinador del PT en San Lázaro, Ricardo Cantú Garza.

Batres criticó que ni siquiera su grupo parlamentario permitiera modificar lo relativo a la paridad en las candidaturas para mujeres, aun cuando existía un acuerdo previo de los partidos. “Ganó un pacto vertical de que no se le cambiara ni una coma para no alterar un acuerdo en el que no sé qué gane el PRD”, lamentó. Cantú presentó una propuesta de modificación al artículo 229, numeral 2, inciso A, fracción 1 y una adición de un segundo y tercer párrafos al artículo 344, numeral 1, inciso G para prohibir a los candidatos la entrega de propaganda utilitaria que rebase el tope de un salario mínimo, así como la entrega de despensas, materiales de construcción, dinero en efectivo u otros que pretendan favorecer a candidatos o partidos en la intención del voto.

“Nos retiramos porque esto es una farsa y no quisieron aceptar nuestras propuestas, principalmente ésta, debido a que los recursos de los partidos ya no se enfocarán a la propaganda, sino a la compra del voto, y éste es un aspecto del que Andrés Manuel López Obrador le pidió al Frente Amplio Progresista estar alerta”, expresó Cantú.

Ambos legisladores anunciaron que presentarán sus reservas al dictamen en la sesión ordinaria de este martes.

Por lo que hace al contenido del dictamen, los diputados ratificaron las consideraciones del Senado respecto del control del dinero en las campañas que, aseguran, se han convertido en competencias propagandísticas dominadas por patrones de comunicación que les son ajenos, y en las cuales dominan los mensajes donde los candidatos son presentados como mercancía y los ciudadanos reducidos a consumidores.

Esta tendencia, señala en las consideraciones, banaliza la política, deteriora la democracia y desalienta la participación ciudadana. Sostiene que terminar con el sistema de competencia electoral basado en el poder del dinero y en su uso para pagar costosas e inútiles campañas de propaganda fundadas en la ofensa, la diatriba, el ataque al adversario, es no sólo una necesidad sino una verdadera urgencia democrática.

Se argumenta que prohibir a particulares la compra de tiempos en radio y televisión no pretende limitar o restringir la libertad de expresión. “Nadie que haga uso de su libertad de expresión con respeto a la verdad, a la objetividad, puede sostener que la prohibición a los partidos de contratar propaganda en radio y televisión es violatoria de la libertad de expresión de los ciudadanos (…) sino impedir que la mercantilización de la política prosiga bajo el ilegal e ilegítimo aliento del poder del dinero”.

Los diputados expresaron en el dictamen su firme y permanente compromiso con la libertad de expresión y con su ejercicio pleno e irrestricto por parte de los comunicadores de todos los medios de información y de los ciudadanos, pero acotaron que dicha libertad no es sinónimo de denigración o calumnia.

Precisaron que las limitaciones expresadas en el artículo 41 constitucional, respecto de no permitir la contratación de propaganda en medios electrónicos, no está dirigida a los comunicadores o periodistas, sino a los institutos políticos, para impedirles “utilizar expresiones que denigren a las instituciones o calumnien a las personas”.

Tampoco, establecieron, atenta contra los concesionarios, “a quienes no se les impone una sola obligación más que no esté contemplada ya en las leyes.

Nota de Enrique Méndez, La Jornada, 11 de diciembre.