QUERÉTARO, Qro.— La delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Norma Patricia Valdés Argüelles, distorsiona los hechos y, en consecuencia, falsea la información sobre el encarcelamiento de las tres indígenas queretanas acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales (afis).
Andrés Díaz, abogado defensor de Jacinta Francisco Marcial, una de las mujeres recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Querétaro, lamentó que la delegada de la PGR haya asegurado ahora que fueron 200 las personas que participaron en el secuestro de los ex agentes.
Tales aseveraciones, dijo Díaz, reafirman las inconsistencias de la acusación.
“Si 200 indígenas participaron en el secuestro, ¿cómo es que sólo tres mujeres fueron acusadas? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar a Jacinta, Teresa y Alberta de entre más de 200 personas?”, cuestionó el litigante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (centro Prodh).
Más aún, “si 200 personas participaron en los hechos, es claro que nunca ocurrió ningún secuestro sino que, en realidad, se trató de un evento donde escaló la tensión social a causa de los actos corruptos de los servidores públicos de la PGR”.
Señaló, no es posible equiparar a un secuestro “la expresión de descontento de una comunidad que se vio agraviada por los actos ilegales de los agentes. Es absurdo pretender sancionar tales hechos como se sancionan las privaciones ilegales de la libertad que realizan quienes buscan rescates millonarios, causando con ello dolor y sufrimiento a las familias”.
La delegada de la PGR afirmó en días pasados, que fueron más de 200 personas y no sólo tres las que secuestraron a media docena de federales.
También aseguró que de los hechos que se derivaron del operativo para decomisar mercancía pirata que se realizó el 26 de marzo de 2006 en la localidad de Santiago Mexquititlán, hay pruebas suficientes para demostrar lo que han declarado los policías.
Según la versión de éstos, fueron secuestrados por pobladores de la comunidad, quienes los liberaron hasta que pagaron un “rescate”. La acción, declararon, fue encabezada por Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, quienes permanecen encarceladas desde el 2 de agosto de 2006.
La funcionaria, indicó el abogado, presenta los hechos de manera distorsionada, falseando la información, pues las pruebas en contra de las detenidas no son sólidas. Las contradicciones y las irregularidades son numerosas.
“Esto no solamente ha sido señalado por la defensa, sino que ha sido reconocido por el Poder Judicial de la Federación, ya que el Tribunal Unitario que conoció la apelación interpuesta por la defensa así lo reconoció al ordenar la reposición del procedimiento por “contradicciones sustanciales” dentro de las acusaciones de los propios afis”, explicó.
No obstante esta situación, aseguró que en el centro Prodh, hay confianza “en que la inocencia de Jacinta, Teresa y Alberta será probada y que más pronto que tarde recobrarán su libertad para estar de vuelta con sus familias y en sus comunidades”.
Juan José Arreola corresponsal.
Andrés Díaz, abogado defensor de Jacinta Francisco Marcial, una de las mujeres recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Querétaro, lamentó que la delegada de la PGR haya asegurado ahora que fueron 200 las personas que participaron en el secuestro de los ex agentes.
Tales aseveraciones, dijo Díaz, reafirman las inconsistencias de la acusación.
“Si 200 indígenas participaron en el secuestro, ¿cómo es que sólo tres mujeres fueron acusadas? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar a Jacinta, Teresa y Alberta de entre más de 200 personas?”, cuestionó el litigante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (centro Prodh).
Más aún, “si 200 personas participaron en los hechos, es claro que nunca ocurrió ningún secuestro sino que, en realidad, se trató de un evento donde escaló la tensión social a causa de los actos corruptos de los servidores públicos de la PGR”.
Señaló, no es posible equiparar a un secuestro “la expresión de descontento de una comunidad que se vio agraviada por los actos ilegales de los agentes. Es absurdo pretender sancionar tales hechos como se sancionan las privaciones ilegales de la libertad que realizan quienes buscan rescates millonarios, causando con ello dolor y sufrimiento a las familias”.
La delegada de la PGR afirmó en días pasados, que fueron más de 200 personas y no sólo tres las que secuestraron a media docena de federales.
También aseguró que de los hechos que se derivaron del operativo para decomisar mercancía pirata que se realizó el 26 de marzo de 2006 en la localidad de Santiago Mexquititlán, hay pruebas suficientes para demostrar lo que han declarado los policías.
Según la versión de éstos, fueron secuestrados por pobladores de la comunidad, quienes los liberaron hasta que pagaron un “rescate”. La acción, declararon, fue encabezada por Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, quienes permanecen encarceladas desde el 2 de agosto de 2006.
La funcionaria, indicó el abogado, presenta los hechos de manera distorsionada, falseando la información, pues las pruebas en contra de las detenidas no son sólidas. Las contradicciones y las irregularidades son numerosas.
“Esto no solamente ha sido señalado por la defensa, sino que ha sido reconocido por el Poder Judicial de la Federación, ya que el Tribunal Unitario que conoció la apelación interpuesta por la defensa así lo reconoció al ordenar la reposición del procedimiento por “contradicciones sustanciales” dentro de las acusaciones de los propios afis”, explicó.
No obstante esta situación, aseguró que en el centro Prodh, hay confianza “en que la inocencia de Jacinta, Teresa y Alberta será probada y que más pronto que tarde recobrarán su libertad para estar de vuelta con sus familias y en sus comunidades”.
Juan José Arreola corresponsal.
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