A un año de la firma del Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad, “nuestro país enfrenta el reto de construir un estado de derecho efectivo, con instituciones de seguridad y de justicia capaces de proteger a todos los ciudadanos”, señaló el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al clausurar la 22 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se realizó en Mérida, Yucatán.
En ese acto, en el que los procuradores locales se quejaron de la reducción presupuestal que intempestivamente realizó el gobierno federal en materia de secuestros, Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que las procuradurías del país están “cumpliendo la palabra y letra empeñadas” en el acuerdo nacional, ya que se han creado 26 unidades antisecuestros en el país.
Inicialmente, la Secretaría de Gobernación difundió como un comunicado de prensa lo que luego Gómez Mont leería ante los procuradores, en Mérida. Según el funcionario, la evaluación del gobierno federal es que “aunque falta mucho por hacer, los logros obtenidos nos ratifican que vamos por el camino correcto”.
De acuerdo con la valoración oficial, “se avanza de forma decidida en el cumplimiento de las acciones inmediatas a las que nos comprometimos todos los integrantes del Estado mexicano”.
La evaluación estima que las diversas acciones emprendidas y las reformas legales aprobadas “han reforzado las capacidades institucionales en el combate al delito, han robustecido las áreas de investigación en las instituciones de seguridad pública, han afianzado la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia y han incorporado, con sentido social, la participación de la ciudadanía organizada”.
En el recuento, el secretario de Gobernación reportó como un logro que se han “atendido mil 70 denuncias por secuestro, 970 víctimas han sido liberadas y se ha detenido a mil 449 presuntos delincuentes, desarticulando a 203 bandas criminales”; también que el presupuesto federal asignado a seguridad pública se incrementó en este año en 44 por ciento, comparativamente con el de 2008.
En su oportunidad, Medina Mora resaltó que “para seguir adelante en aspectos como la compra de equipo especializado y dotar de mejores salarios a sus miembros, acordamos solicitar recursos presupuestales etiquetados al Honorable Congreso de la Unión, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, lo anterior luego de que el pasado jueves, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, anunciara que debido a la crisis económica que vive el país se suspendería la entrega de equipo para los grupos antisecuestro, que tenía un valor de 12 millones de pesos para cada estado.
El funcionario indicó que en materia de secuestro, “sumando el trabajo de todos, estableciendo con claridad las responsabilidades y la colaboración, seguiremos respondiendo al reclamo social que nos exige frenar, detener y llevar a prisión a las bandas de secuestradores que tanto daño hacen a la tranquilidad e integridad de la sociedad”.
Uno de los acuerdos que más resaltó el titular de la PGR fue “ofrecer a los ciudadanos información oportuna, transparente y confiable” sobre sus “responsabilidades y acciones”, por lo que en breve habrá posibilidad de conocer los “avances y resultados de los Indicadores de Gestión en Procuración de Justicia” de cada procuraduría
Asimismo, se dio a conocer la desaparición de las llamadas Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y su sustitución por grupos de trabajo integrados con autoridades locales y federales para combatir la distribución de drogas al menudeo.
En ese acto, en el que los procuradores locales se quejaron de la reducción presupuestal que intempestivamente realizó el gobierno federal en materia de secuestros, Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que las procuradurías del país están “cumpliendo la palabra y letra empeñadas” en el acuerdo nacional, ya que se han creado 26 unidades antisecuestros en el país.
Inicialmente, la Secretaría de Gobernación difundió como un comunicado de prensa lo que luego Gómez Mont leería ante los procuradores, en Mérida. Según el funcionario, la evaluación del gobierno federal es que “aunque falta mucho por hacer, los logros obtenidos nos ratifican que vamos por el camino correcto”.
De acuerdo con la valoración oficial, “se avanza de forma decidida en el cumplimiento de las acciones inmediatas a las que nos comprometimos todos los integrantes del Estado mexicano”.
La evaluación estima que las diversas acciones emprendidas y las reformas legales aprobadas “han reforzado las capacidades institucionales en el combate al delito, han robustecido las áreas de investigación en las instituciones de seguridad pública, han afianzado la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia y han incorporado, con sentido social, la participación de la ciudadanía organizada”.
En el recuento, el secretario de Gobernación reportó como un logro que se han “atendido mil 70 denuncias por secuestro, 970 víctimas han sido liberadas y se ha detenido a mil 449 presuntos delincuentes, desarticulando a 203 bandas criminales”; también que el presupuesto federal asignado a seguridad pública se incrementó en este año en 44 por ciento, comparativamente con el de 2008.
En su oportunidad, Medina Mora resaltó que “para seguir adelante en aspectos como la compra de equipo especializado y dotar de mejores salarios a sus miembros, acordamos solicitar recursos presupuestales etiquetados al Honorable Congreso de la Unión, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, lo anterior luego de que el pasado jueves, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, anunciara que debido a la crisis económica que vive el país se suspendería la entrega de equipo para los grupos antisecuestro, que tenía un valor de 12 millones de pesos para cada estado.
El funcionario indicó que en materia de secuestro, “sumando el trabajo de todos, estableciendo con claridad las responsabilidades y la colaboración, seguiremos respondiendo al reclamo social que nos exige frenar, detener y llevar a prisión a las bandas de secuestradores que tanto daño hacen a la tranquilidad e integridad de la sociedad”.
Uno de los acuerdos que más resaltó el titular de la PGR fue “ofrecer a los ciudadanos información oportuna, transparente y confiable” sobre sus “responsabilidades y acciones”, por lo que en breve habrá posibilidad de conocer los “avances y resultados de los Indicadores de Gestión en Procuración de Justicia” de cada procuraduría
Asimismo, se dio a conocer la desaparición de las llamadas Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y su sustitución por grupos de trabajo integrados con autoridades locales y federales para combatir la distribución de drogas al menudeo.
Gustavo Castillo y Alonso Urrutia, La Jornada, 22 de agosto.
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