Expiden ley migratoria; advierten sobre huecos

El Ejecutivo federal promulgó ayer la Ley de Migración, aprobada por el Congreso el pasado 29 de abril, a iniciativa de legisladores del PRI, el PRD y el PAN.

La nueva ley, que sustituye en buena parte a la Ley General de Población (LGP), establece que "en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito".

Reconoce a los migrantes de otros países, incluyendo los indocumentados, el derecho a acceder en México a servicios básicos de salud y educación, así como a la procuración de justicia. Establece también la figura de visa humanitaria para migrantes menores no acompañados y para indocumentados que hayan sido víctimas de delitos en territorio nacional.

Define, por primera vez, las atribuciones legales del Instituto Nacional de Migración (INM), creado en 1993, y establece condiciones mínimas de operación de las estaciones migratorias.

En la ceremonia de promulgación, realizada en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presidente Felipe Calderón reconoció que, en muchos casos, los indocumentados de otros países en tránsito por México en su intento por llegar a Estados Unidos enfrentan abusos y vejaciones, cuando no actos de abierta violencia.

"Todos tenemos muy presentes los dolorosos e indignantes acontecimientos que han tenido en dos ocasiones en el mismo municipio, en Tamaulipas (San Fernando), y que reflejan el grado de maldad, de perversidad, que ha alcanzado el crimen organizado, que abusa, precisamente, de la condición de ilegalidad que prevalecía en la ley anterior", indicó el Presidente.

Los migrantes, aceptó, son también víctimas de autoridades corruptas.

"Es ofensivo, es inadmisible que puedan existir autoridades que participen en la violación de derechos humanos o que, incluso, se coludan con los delincuentes", señaló.

Calderón sostuvo que, más allá de lo contemplado en la nueva ley, su gobierno inició "un profundo proceso de evaluación y depuración de las filas del INM".

"Seguiremos adelante con las investigaciones y quienquiera que viole la ley será llevado ante la justicia", ofreció.

Por su parte, el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, aseguró que la nueva ley representa el avance más significativo que se ha logrado en materia de política migratoria en México en los últimos 80 años.


Pendientes

El artículo tercero transitorio de la nueva ley establece que el Ejecutivo federal deberá expedir su reglamento dentro del término de 180 días contados a partir de su entrada en vigor.

La aplicación de al menos 13 artículos de la ley dependen de la existencia del reglamento.

Para Fabianne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación de Migración, la ley representa un avance en términos de reconocimiento de derechos, pero contiene disposiciones contrarias a la Constitución y que atentan contra los derechos humanos.

Los operativos de verificación que realiza el Instituto Nacional de Migración que quedan validados en la nueva legislación, consideró, violan la libertad de tránsito.

Por otra parte, advirtió, se conceden al INM facultades para recibir denuncias y mantener retenidas a personas, que no corresponden a su definición como organismo de verificación y control migratorios.

"Esos problemas persisten y es importante visibilizarlos y reformarlos", remarcó la especialista en temas migratorios.

Verónica Sánchez y Mayolo López, La Jornada, 25 de mayo.