Piden al INM rendir cuentas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la organización Amnistía Internacional (AI) exigieron al Instituto Nacional de Migración (INM) rendir cuentas claras sobre el proceso de depuración que anunció el pasado jueves y que comenzó con la remoción de 7 delegados en estados con alto tránsito de indocumentados.

Fernando Batista, quinto visitador general de la CNDH, cuestionó que el INM haya informado en un boletín sobre la remoción pero no haya detallado las causas.

"Que el INM nos informe cuáles son las causas de este relevo, si es porque los servidores públicos han incumplido con su deber como tales o han participado en acciones delictivas, para verificar que no sólo se trate de un relevo, sino que se investigue y que se les sancione como debe ser", señaló en entrevista.

Indicó que la CNDH ha reiterado el llamado al INM a emprender una depuración de fondo del organismo a través de evaluaciones de control de confianza.

Adelantó que se solicitará a Salvador Beltrán del Río, comisionado del INM, que actualice el estado de las denuncias administrativas realizadas ante el Órgano Interno de Control, así como el de las denuncias penales.

"Estamos solicitando esa información al INM, que nos digan en todos esos supuestos en que la Comisión Nacional ha advertido violaciones a los derechos humanos o irregularidades, cuáles han sido los resultados de las investigaciones. Nos informan que se ha dado la vista y se ha integrado expediente, pero exigimos la actualización", subrayó.

Batista comentó que esperan que Beltrán del Río confirme una cita con la CNDH para revisar el cumplimiento de las recomendaciones e informes en los que se evidencias las violaciones a los derechos humanos de indocumentados por parte de oficiales migratorios.

Para el visitador llama la atención que el INM no haya informado del arraigo de 6 oficiales en días pasados por su presunta participación en el secuestro de migrantes indocumentados en Tamaulipas hasta que el Consejo de Judicatura Federal reveló en un boletín que los migrantes acusaron a oficiales del secuestro y "venta" a miembros del crimen organizado.

Por su parte, Alberto Herrera, director de AI en México, consideró que las remociones confirman las denuncias que la organización había formulado desde el 2009 sobre la colaboración de oficiales migratorios con grupos de delincuencia organizada.

Remarcó, sin embargo, que las investigación deben llegar hasta las últimas consecuencias.

"La forma de ahondar en esto tiene pasa por rendir cuentas sobre estas personas. Lo que corresponde ahora es hacer un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR), que deberá abrir una averiguación previa contra los funcionarios, para que las investigaciones sean desarrolladas de manera diligente", apuntó.

En tanto, Tomás González Castillo, del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, consideró que la remoción de los delegados es una medida cosmética.

"Vimos que removieron a Cecilia Romero (ex comisionada) y no hubo cambios de fondo en la institución", apuntó.


Daniela Rea, Reforma, 14 de mayo.

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