Remoción de delegados, “paso tímido”: Farah

La remoción de siete delegados del Instituto Nacional de Migración (INM) fue calificada como un "paso tímido y maquillado" por Mauricio Farah, ex visitador de la CNDH y quien entre 2008 y 2009 realizó el primer informe especial sobre secuestro de inmigrantes.

"Si en verdad le interesara al gobierno y al INM romper el manto protector al crimen, no bastan destituciones, tendrían que informar cuántas denuncias se han presentado en contra de agentes o funcionarios migratorios, ministerios públicos y policías coludidos, por qué delitos, cuántos están en la cárcel y han sido sentenciados", señaló en entrevista con Crónica.

"Dejar todo en un cese es tapar la realidad y agraviar aún más a las víctimas y a sus familias. Si los delegados cometieron delitos, que se les encarcele y, más aún, que se investigue quién los puso en esos cargos, porque en los últimos años han pasado por el Instituto muchos comisionados que también deben rendir cuentas y explicar por qué no funcionaron sus supuestas purgas", aseguró.

Los nuevos designados en esos cargos "deben ser sometidos a una evaluación pública de sus capacidades y ajustarse a indicadores claros de gestión. El comisionado (Salvador Beltrán del Río) tiene que informar qué méritos o experiencia tienen, por qué los va a colocar ahí y quién será el responsable de vigilarlos".

Farah refirió que cuando coordinó aquella investigación sobre el tema en la CNDH, entre septiembre de 2008 y junio de 2009, "ya se tenían datos de que el secuestro de inmigrantes y la participación de policías y agentes migratorios estaban alcanzando límites preocupantes".

De hecho, reveló que las primeras denuncias se conocieron a finales de 2006, justo al iniciar la administración de Felipe Calderón.

"Ya desde noviembre de 2006 el padre Solalinde (coordinador de la casa del migrante de Ixtepec, Oaxaca) refería la colusión policiaca y de personal del INM. Los pobladores en Ixtepec sabían quiénes eran los plagiarios, quiénes los protegían, cómo operaban, dónde estaban las casas de seguridad y cómo los ministerios públicos servían de engranaje en la cadena delictiva, pero las autoridades no hicieron nada".

Cuando se presentó el informe (2009), con datos más organizados, "se concentraron más en cuestionarlo y minimizarlo en vez de atender el problema. Dimos a conocer el secuestro de 9 mil 758 migrantes en medio año y desde el gobierno se dijo que las cifras estaban infladas, como también lo hicieron en el segundo informe. La pregunta es: ¿qué cifra quieren para actuar?".

Desde que arrancó la investigación y se recabaron testimonios sólidos, "han pasado 33 meses y en este lapso hablamos de 50 mil migrantes secuestrados, porque los estudios de la CNDH refieren alrededor de 10 mil plagios cada seis meses, esto ya es una crisis humanitaria.

"En 33 meses hemos visto de qué es capaz la delincuencia: piensa en grande, en economía y perversidad, ha habido masacres, narcofosas, ejecuciones masivas y es sólo lo que ha salido a la luz, la punta del iceberg… En este tiempo, ¿qué han hecho las autoridades, cuáles son sus logros o avances?", dijo Mauricio Farah.

Propuso además la creación de una fiscalía nacional especializada en secuestros de migrantes, "porque la información está en las procuradurías, pero no actúan, están coludidas, se requiere entonces una fiscalía que integre los expedientes, que sistematice los datos, que realice labores de investigación e inteligencia y se coordine con el Ejército".

—¿Con los militares?

—Los migrantes refieren que son los únicos que suelen protegerlos, el resto de las instituciones son aliadas del crimen, en especial la Policía Federal.

Farah señaló que la Secretaría de Gobernación y el INM "llevan mucho tiempo combatiendo el problema con retórica e incluso se enojan cuando se devela que no hacen su trabajo. Ya es hora, urge que dediquen más tiempo a la defensa de la población y de las víctimas, en vez de defenderse a sí mismos", concluyó.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 14 de mayo.

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