Los coordinadores de PRI, PAN y PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados consideraron que no procede el amparo solicitado por el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) en contra de la disposición constitucional que prohíbe a toda persona física o moral la contratación de propaganda en radio y televisión.
Los legisladores advirtieron que los empresarios, como poder fáctico, quieren colocarse por encima de la norma más importante del país y pretenden amedrentar a los poderes legalmente establecidos.
“Es una vacilada”, resumió el senador panista Santiago Creel, mientras el perredista Carlos Navarrete comentó que seguramente el CCE fue asesorado por un pasante de derecho que reprobó, porque “todo mundo sabe que en materia electoral no hay amparos contra disposiciones de la Constitución”.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados del PRI, sostuvo que el CCE está en su derecho de ampararse, pero no conocen bien la Constitución. “Seremos respetuosos de todos los que se inconformen y puedan generar un acto legal, estaremos atentos, pero deben conocer más en qué terminó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)”, expuso.
El legislador priísta dijo que la reforma constitucional está blindada y replicó al CCE: “Aquí está la representación del pueblo de México y la voluntad popular. No va a ser el sector empresarial quien dicte en la Cámara de Diputados hacia dónde vamos”.
A su vez, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, planteó que tanto la reforma constitucional, como las modificaciones al Cofipe fueron cuidadas “en todos sus aspectos” y se cubrieron “todos los huecos” que en 2006 permitieron irregularidades que dejaron insatisfechos a los mexicanos.
En el nuevo código, agregó, se dan al árbitro, el Instituto Federal Electoral (IFE), las facultades y elementos que le hicieron falta en la pasada contienda presidencial para poder atender los reclamos de equidad y transparencia.
Por separado, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que le gustó que los empresarios hayan interpuesto tal recurso, porque “significa el acuse de recibo de uno de los poderes fácticos a la disposición constitucional que les prohíbe contratar anuncios en radio y televisión para emprender campañas sucias contra algún candidato, como lo hicieron con Andrés Manuel López Obrador”.
“Se trata de una vacilada, porque no se puede pedir amparo contra la Constitución. Es la Carta Magna la que da fundamento al amparo”, recalcó el panista Creel. Agregó que, “le guste o no al CCE, los cambios a la Constitución los hace el Poder Constituyente”.
Por separado, el senador perredista Ricardo Monreal, dijo que no es extraño que la cúpula empresarial se lance ahora contra la Constitución, molesto porque no podrán ya emprender guerras sucias contra candidatos presidenciales.
Para el panista Diódoro Carrasco, presidente de la Comisión de Gobernación, a los empresarios les asiste el derecho de presentar la solicitud de un amparo, pero rechazó que la reforma electoral lesione la libertad de expresión, que es el tema que les preocupa.
Marco Bernal, diputado por el PRI y dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, hizo notar que el CCE puso en riesgo la elección del año pasado y, sobre todo, colocó al país en una insospechada crisis de gravísimas consecuencias. “Estos señores de la dinerocracia quieren estar por encima del voto ciudadano”, expresó.
El priísta Samuel Aguilar manifestó que “el cinismo de esos personajes es mayúsculo”, ya que no les asiste la razón jurídica” y por ello el Congreso no puede permitir que se regrese al pasado, cuando “el sector empresarial chantajeaba sin ningún pudor al poder político”.
Los legisladores advirtieron que los empresarios, como poder fáctico, quieren colocarse por encima de la norma más importante del país y pretenden amedrentar a los poderes legalmente establecidos.
“Es una vacilada”, resumió el senador panista Santiago Creel, mientras el perredista Carlos Navarrete comentó que seguramente el CCE fue asesorado por un pasante de derecho que reprobó, porque “todo mundo sabe que en materia electoral no hay amparos contra disposiciones de la Constitución”.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados del PRI, sostuvo que el CCE está en su derecho de ampararse, pero no conocen bien la Constitución. “Seremos respetuosos de todos los que se inconformen y puedan generar un acto legal, estaremos atentos, pero deben conocer más en qué terminó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)”, expuso.
El legislador priísta dijo que la reforma constitucional está blindada y replicó al CCE: “Aquí está la representación del pueblo de México y la voluntad popular. No va a ser el sector empresarial quien dicte en la Cámara de Diputados hacia dónde vamos”.
A su vez, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, planteó que tanto la reforma constitucional, como las modificaciones al Cofipe fueron cuidadas “en todos sus aspectos” y se cubrieron “todos los huecos” que en 2006 permitieron irregularidades que dejaron insatisfechos a los mexicanos.
En el nuevo código, agregó, se dan al árbitro, el Instituto Federal Electoral (IFE), las facultades y elementos que le hicieron falta en la pasada contienda presidencial para poder atender los reclamos de equidad y transparencia.
Por separado, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que le gustó que los empresarios hayan interpuesto tal recurso, porque “significa el acuse de recibo de uno de los poderes fácticos a la disposición constitucional que les prohíbe contratar anuncios en radio y televisión para emprender campañas sucias contra algún candidato, como lo hicieron con Andrés Manuel López Obrador”.
“Se trata de una vacilada, porque no se puede pedir amparo contra la Constitución. Es la Carta Magna la que da fundamento al amparo”, recalcó el panista Creel. Agregó que, “le guste o no al CCE, los cambios a la Constitución los hace el Poder Constituyente”.
Por separado, el senador perredista Ricardo Monreal, dijo que no es extraño que la cúpula empresarial se lance ahora contra la Constitución, molesto porque no podrán ya emprender guerras sucias contra candidatos presidenciales.
Para el panista Diódoro Carrasco, presidente de la Comisión de Gobernación, a los empresarios les asiste el derecho de presentar la solicitud de un amparo, pero rechazó que la reforma electoral lesione la libertad de expresión, que es el tema que les preocupa.
Marco Bernal, diputado por el PRI y dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, hizo notar que el CCE puso en riesgo la elección del año pasado y, sobre todo, colocó al país en una insospechada crisis de gravísimas consecuencias. “Estos señores de la dinerocracia quieren estar por encima del voto ciudadano”, expresó.
El priísta Samuel Aguilar manifestó que “el cinismo de esos personajes es mayúsculo”, ya que no les asiste la razón jurídica” y por ello el Congreso no puede permitir que se regrese al pasado, cuando “el sector empresarial chantajeaba sin ningún pudor al poder político”.
Nota de Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 7 de diciembre.
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