La Comisión Nacional de Derechos Humanos acusó en su recomendación 50/2009 de complicidad a policías del gobierno de Puebla, además de un alcalde, con “presuntos integrantes de Los Zetas” para consumar el secuestro de 21 migrantes centroamericanos.
En dicho documento se le exhorta a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla iniciar un procedimiento administrativo contra los policías como con el presidente municipal de Rafael Lara Grajales, a quienes señala, junto con miembros del cártel de droga, como los autores del secuestro de 21 migrantes con el propósito de extorsionar a sus familiares, que residen en Estados Unidos.
“Este organismo nacional inició de oficio la queja correspondiente, al conocer los hechos por información periodística publicada los días 12, 13 y 14 de octubre de 2008, relativa a que “al menos 12 hombres que se identificaron como integrantes del grupo Los Zetas y que recibieron apoyo de policías municipales” secuestraron y torturaron a indocumentados provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua”, especifica la CNDH en un comunicado.
Posteriormente, el 17 de octubre, la Comisión Nacional recibió un correo electrónico de Amnistía Internacional, en el que mencionó que una persona solicitó su intervención, en nombre de pobladores del municipio de Rafael Lara Grajales.
“Tras la investigación del caso, personal de la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personales, así como al trato digno en perjuicio de 21 migrantes, entre ellos dos mujeres, cometidas por servidores públicos adscritos a la Policía Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla”, apunta.
En dicho documento se le exhorta a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla iniciar un procedimiento administrativo contra los policías como con el presidente municipal de Rafael Lara Grajales, a quienes señala, junto con miembros del cártel de droga, como los autores del secuestro de 21 migrantes con el propósito de extorsionar a sus familiares, que residen en Estados Unidos.
“Este organismo nacional inició de oficio la queja correspondiente, al conocer los hechos por información periodística publicada los días 12, 13 y 14 de octubre de 2008, relativa a que “al menos 12 hombres que se identificaron como integrantes del grupo Los Zetas y que recibieron apoyo de policías municipales” secuestraron y torturaron a indocumentados provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua”, especifica la CNDH en un comunicado.
Posteriormente, el 17 de octubre, la Comisión Nacional recibió un correo electrónico de Amnistía Internacional, en el que mencionó que una persona solicitó su intervención, en nombre de pobladores del municipio de Rafael Lara Grajales.
“Tras la investigación del caso, personal de la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personales, así como al trato digno en perjuicio de 21 migrantes, entre ellos dos mujeres, cometidas por servidores públicos adscritos a la Policía Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla”, apunta.
Gustavo Sánchez, Milenio, 9 de agosto.
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