Ante los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos en torno a la impunidad de militares cuando existen presuntas violaciones a las garantías individuales, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, negó que esta impunidad se registre en las fuerzas armadas. El funcionario atribuyó a un problema de orden “lingüístico” las diferencias existentes entre las posturas de las organizaciones no gubernamentales y los procesos legales que efectivamente se siguen en el Ejército.
“La violación a los derechos fundamentales son aquellos actos de autoridad que lesionan valores y bienes que son importantes para la vida de una persona, para su dignidad, para su integridad. Como tal puede haber un problema lingüístico, porque se habla del delito de violaciones a los derechos humanos.
“En el Código de Justicia Militar hay diversas tipificaciones como violencia sobre las personas, abuso de autoridad, etcétera, que se traducen en procedimientos y que se llevan y que se materializan en eso. Dicen: es que no hay denuncias de violaciones a los derechos humanos en la justicia militar. Espérenme tantito, es que con ese nombre no se les denomina, mucho de esto es un problema de etiquetamiento o de nominalidad”, dijo, y añadió que en el Ejército “sí hay sentencias”, castigos.
Por otro lado y al salir al paso de las denuncias que diversas organizaciones han vertido en torno a la incapacidad gubernamental para enfrentar el fenómeno de la inseguridad, Gómez Mont sostuvo que no pueden generalizarse las críticas, porque “si caemos en las descalificaciones absolutas, los incentivos para la corrupción crecen”. Dijo que una descalificación generalizada “es injusta y le quita potencia al que la hace”.
Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del Instituto Federal Electoral –adonde acudió para hablar con consejeros electorales sobre la cédula de identidad–, salió en defensa del papel del Ejército en materia de seguridad y sobre respeto a los derechos humanos. Dijo que la dependencia está en un proceso de recopilación de informes sobre las denuncias y procesos seguidos para remitirlos a Human Rights Watch, “pues existe voluntad de transparencia de todos los procesos”.
Llamó a no subestimar el respeto de los derechos humanos que tienen las fuerzas armadas, su convicción de “defender a la sociedad y los derechos humanos”, y juzgó que en este caso es necesario “avanzar cada vez más en la comunicación de muchas cosas que están sucediendo, en donde los elementos castrenses, por su propia formación tienden a la discreción, en México y en el mundo. Hay cosas que deben transparentarse para evitar malos entendidos.
Cuestionado sobre las críticas que se han vertido en ocasión del aniversario del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Gómez Mont descartó que el Consejo Nacional de Seguridad no se haya reunido ante la falta de resultados a ofrecer. Explicó que dicho consejo tiene programado reunirse cada seis meses y la última ocasión fue en junio, además de que las referidas instancias no están estrechamente ligadas en cuanto a agenda.
En este contexto llamó a que se hagan juicios justos y serenos sobre el desempeño de las corporaciones policiacas, para reconocer “los riesgos que se toman y a que cuestionen simulaciones y a que cuestionen errores”. En este contexto, llamó a los críticos de la acción gubernamental a que se “cuestione y se critique al irresponsable, pero también se reconozca al que está poniendo su esfuerzo y se juega la vida para tratar de sacar esto adelante; una descalificación generalizada es injusta”.
Respecto del consejo nacional y el acuerdo, consideró que este último es un texto político, social y legal que se generó como resultado de “una tragedia dolorosísima como es la de Fernando Martí, que representa otras muchas tragedias que estaban acumulando un clamor social al respecto, el sistema nacional de seguridad pública, como resultado, entre otras, de ese clamor y de esa relación”.
Dijo que lo único que va a recuperar la seguridad en México es la reconstrucción de las instituciones por medio de su depuración y profesionalización. Por ello pidió reconocer que se han registrado avances, aunque admitió que existen pendientes.
“La violación a los derechos fundamentales son aquellos actos de autoridad que lesionan valores y bienes que son importantes para la vida de una persona, para su dignidad, para su integridad. Como tal puede haber un problema lingüístico, porque se habla del delito de violaciones a los derechos humanos.
“En el Código de Justicia Militar hay diversas tipificaciones como violencia sobre las personas, abuso de autoridad, etcétera, que se traducen en procedimientos y que se llevan y que se materializan en eso. Dicen: es que no hay denuncias de violaciones a los derechos humanos en la justicia militar. Espérenme tantito, es que con ese nombre no se les denomina, mucho de esto es un problema de etiquetamiento o de nominalidad”, dijo, y añadió que en el Ejército “sí hay sentencias”, castigos.
Por otro lado y al salir al paso de las denuncias que diversas organizaciones han vertido en torno a la incapacidad gubernamental para enfrentar el fenómeno de la inseguridad, Gómez Mont sostuvo que no pueden generalizarse las críticas, porque “si caemos en las descalificaciones absolutas, los incentivos para la corrupción crecen”. Dijo que una descalificación generalizada “es injusta y le quita potencia al que la hace”.
Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del Instituto Federal Electoral –adonde acudió para hablar con consejeros electorales sobre la cédula de identidad–, salió en defensa del papel del Ejército en materia de seguridad y sobre respeto a los derechos humanos. Dijo que la dependencia está en un proceso de recopilación de informes sobre las denuncias y procesos seguidos para remitirlos a Human Rights Watch, “pues existe voluntad de transparencia de todos los procesos”.
Llamó a no subestimar el respeto de los derechos humanos que tienen las fuerzas armadas, su convicción de “defender a la sociedad y los derechos humanos”, y juzgó que en este caso es necesario “avanzar cada vez más en la comunicación de muchas cosas que están sucediendo, en donde los elementos castrenses, por su propia formación tienden a la discreción, en México y en el mundo. Hay cosas que deben transparentarse para evitar malos entendidos.
Cuestionado sobre las críticas que se han vertido en ocasión del aniversario del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Gómez Mont descartó que el Consejo Nacional de Seguridad no se haya reunido ante la falta de resultados a ofrecer. Explicó que dicho consejo tiene programado reunirse cada seis meses y la última ocasión fue en junio, además de que las referidas instancias no están estrechamente ligadas en cuanto a agenda.
En este contexto llamó a que se hagan juicios justos y serenos sobre el desempeño de las corporaciones policiacas, para reconocer “los riesgos que se toman y a que cuestionen simulaciones y a que cuestionen errores”. En este contexto, llamó a los críticos de la acción gubernamental a que se “cuestione y se critique al irresponsable, pero también se reconozca al que está poniendo su esfuerzo y se juega la vida para tratar de sacar esto adelante; una descalificación generalizada es injusta”.
Respecto del consejo nacional y el acuerdo, consideró que este último es un texto político, social y legal que se generó como resultado de “una tragedia dolorosísima como es la de Fernando Martí, que representa otras muchas tragedias que estaban acumulando un clamor social al respecto, el sistema nacional de seguridad pública, como resultado, entre otras, de ese clamor y de esa relación”.
Dijo que lo único que va a recuperar la seguridad en México es la reconstrucción de las instituciones por medio de su depuración y profesionalización. Por ello pidió reconocer que se han registrado avances, aunque admitió que existen pendientes.
Alonso Urrutia, La Jornada, 21 de agosto.
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