La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México aseguró que se firmó el convenio con el Ejército para revisar su trabajo en derechos humanos, porque le preocupa a la ONU la labor que realizan los militares en las calles contra el crimen organizado, la cual, se había establecido, sólo será temporal.
El acuerdo del pasado julio entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la OACNUDH, se informó, responde a la visita que realizó a México la anterior titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en febrero pasado, quien precisó: “La primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física. En una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado de parte de organizaciones fuertemente armadas y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo una corrupción extendida, reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad por proteger”.
“ Sin embargo, utilizar a los militares continúa siendo problemático, pues es fundamentalmente inapropiado —en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas— en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley. La atención debe centrarse en dedicar urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo”
Ante esta preocupación, y a solicitud del Estado mexicano, informó la Oficina en el contexto del mandato de la OACNUDH, y “entendiendo como una situación temporal la presencia de cuerpos militares en tareas y funciones de seguridad pública”, se acordó con la Sedena un plan de trabajo que contemplará la revisión de programas de capacitación en derechos humanos, derecho internacional humanitario y de equidad y género de acuerdo con estándares internacionales, elaboración de indicadores de impacto y de seguimiento a las recomendaciones internacionales.
Además, seguimiento a situaciones de preocupación en materia de derechos humanos; este plan, se indicó, se realizará en colaboración con las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación.
La Oficina del Alto Comisionado también “celebra” el hecho de que el presidente Felipe Calderón, por decreto y de acuerdo a lo estipulado en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, contemple que las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública y de la Defensa Nacional “impulsen la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial”.
El PNDH al que hace alusión la ONU y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2008, también considera reformas que garanticen, en materia de procuración de justicia militar, el fortalecimiento de los órganos Ministeriales y Defensoría de Oficio, además que Hacienda aplique en el presupuesto público una partida para la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos.
“Locura”, pedir el retiro: CNDH
••• El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, calificó de “una locura en este momento” propugnar el retiro del Ejército de las calles en su lucha contra la delincuencia.
En rueda de prensa, luego de presidir el cuarto informe de actividades del ombudsman en Yucatán, Jorge Victoria Maldonado, calificó de muy lamentable el homicidio del presidente del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría, y expuso que esta es una de las razones por las cuales aún los militares no deben abandonar las calles.
“Es difícil, como esta la situación, que los militares regresen a los cuarteles cuando estamos viendo esta situación tan complicada”, reiteró.
Recordó que él mismo ha expresado su deseo porque el Ejército cumpla con sus obligaciones constitucionales; empero, ante la falta de cuerpos policiacos bien preparados, éste debe continuar con esta tarea. (Mérida • Notimex)
El acuerdo del pasado julio entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la OACNUDH, se informó, responde a la visita que realizó a México la anterior titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en febrero pasado, quien precisó: “La primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física. En una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado de parte de organizaciones fuertemente armadas y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo una corrupción extendida, reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad por proteger”.
“ Sin embargo, utilizar a los militares continúa siendo problemático, pues es fundamentalmente inapropiado —en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas— en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley. La atención debe centrarse en dedicar urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo”
Ante esta preocupación, y a solicitud del Estado mexicano, informó la Oficina en el contexto del mandato de la OACNUDH, y “entendiendo como una situación temporal la presencia de cuerpos militares en tareas y funciones de seguridad pública”, se acordó con la Sedena un plan de trabajo que contemplará la revisión de programas de capacitación en derechos humanos, derecho internacional humanitario y de equidad y género de acuerdo con estándares internacionales, elaboración de indicadores de impacto y de seguimiento a las recomendaciones internacionales.
Además, seguimiento a situaciones de preocupación en materia de derechos humanos; este plan, se indicó, se realizará en colaboración con las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación.
La Oficina del Alto Comisionado también “celebra” el hecho de que el presidente Felipe Calderón, por decreto y de acuerdo a lo estipulado en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, contemple que las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública y de la Defensa Nacional “impulsen la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial”.
El PNDH al que hace alusión la ONU y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2008, también considera reformas que garanticen, en materia de procuración de justicia militar, el fortalecimiento de los órganos Ministeriales y Defensoría de Oficio, además que Hacienda aplique en el presupuesto público una partida para la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos.
“Locura”, pedir el retiro: CNDH
••• El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, calificó de “una locura en este momento” propugnar el retiro del Ejército de las calles en su lucha contra la delincuencia.
En rueda de prensa, luego de presidir el cuarto informe de actividades del ombudsman en Yucatán, Jorge Victoria Maldonado, calificó de muy lamentable el homicidio del presidente del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría, y expuso que esta es una de las razones por las cuales aún los militares no deben abandonar las calles.
“Es difícil, como esta la situación, que los militares regresen a los cuarteles cuando estamos viendo esta situación tan complicada”, reiteró.
Recordó que él mismo ha expresado su deseo porque el Ejército cumpla con sus obligaciones constitucionales; empero, ante la falta de cuerpos policiacos bien preparados, éste debe continuar con esta tarea. (Mérida • Notimex)
Eugenia Jiménez y Rodolfo Montes, Milenio, 21 de agosto.
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