BOGOTÁ.- Colombia se convirtió ayer en el primer país latinoamericano en someterse voluntariamente al Examen Periódico Universal, un nuevo mecanismo de evaluación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y aprovechó el escenario para pedir perdón por los casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de militares.
"La muerte de personas por fuera de combate es un crimen inexcusable para el Estado", dijo el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, en Ginebra, Suiza, sede del organismo.
"Debemos reconocer que se han presentado estos casos y con profundo dolor pido perdón a las víctimas y les doy la certeza de que ninguno de estos crímenes quedará en la impunidad y estamos tomando todas las medidas para evitar que estos hechos se repitan", abundó.
A finales de octubre el Gobierno de Álvaro Uribe destituyó a 27 mandos militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de 11 jóvenes a quienes el Ejército había dado por muertos en combate.
"Constituye una vergüenza para el Estado colombiano la participación de miembros de las fuerzas armadas en la muerte de personas fuera de combate", subrayó Santos.
El vicepresidente informó que hay 716 investigaciones que vinculan a mil miembros de la fuerza pública, 46 de los cuales han sido condenados y 232 están acusados o en juicio por estos casos.
Hizo ver que la postulación voluntaria al examen es una muestra del compromiso de Colombia en materia de derechos humanos.
"El Estado colombiano ha querido presentarse a este examen en concordancia con su política de cooperación y apertura hacia la comunidad internacional", agregó Santos al recordar que hay 24 oficinas de la ONU en Colombia.
"También hemos querido que se constate los profundos cambios", añadió Santos, quien presentó un extenso resumen de los últimos acontecimientos en materia de seguridad, narcotráfico, desmovilizaciones, reparación a víctimas, desplazamiento, derechos de la mujer y de la niñez, reformas legislativas, aplicación de justicia y combate a la impunidad.
"Un Estado más consciente de que su legitimidad reside en la eficacia para garantizar los derechos a la población", anotó.
El Consejo realizará en marzo la última etapa de la evaluación a Colombia y presentará una serie de recomendaciones.
Representantes de la sociedad civil, también presentes en el Consejo, informaron que hubo mil 122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública entre julio de 2002 y diciembre de 2007, superior a los 669 registrados de enero de 1997 a junio de 2002.
El Gobierno colombiano aseguró que crímenes como el secuestro han bajado 87 por ciento de 2002 a 2007, pasando de mil 780 a 226.
"La muerte de personas por fuera de combate es un crimen inexcusable para el Estado", dijo el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, en Ginebra, Suiza, sede del organismo.
"Debemos reconocer que se han presentado estos casos y con profundo dolor pido perdón a las víctimas y les doy la certeza de que ninguno de estos crímenes quedará en la impunidad y estamos tomando todas las medidas para evitar que estos hechos se repitan", abundó.
A finales de octubre el Gobierno de Álvaro Uribe destituyó a 27 mandos militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de 11 jóvenes a quienes el Ejército había dado por muertos en combate.
"Constituye una vergüenza para el Estado colombiano la participación de miembros de las fuerzas armadas en la muerte de personas fuera de combate", subrayó Santos.
El vicepresidente informó que hay 716 investigaciones que vinculan a mil miembros de la fuerza pública, 46 de los cuales han sido condenados y 232 están acusados o en juicio por estos casos.
Hizo ver que la postulación voluntaria al examen es una muestra del compromiso de Colombia en materia de derechos humanos.
"El Estado colombiano ha querido presentarse a este examen en concordancia con su política de cooperación y apertura hacia la comunidad internacional", agregó Santos al recordar que hay 24 oficinas de la ONU en Colombia.
"También hemos querido que se constate los profundos cambios", añadió Santos, quien presentó un extenso resumen de los últimos acontecimientos en materia de seguridad, narcotráfico, desmovilizaciones, reparación a víctimas, desplazamiento, derechos de la mujer y de la niñez, reformas legislativas, aplicación de justicia y combate a la impunidad.
"Un Estado más consciente de que su legitimidad reside en la eficacia para garantizar los derechos a la población", anotó.
El Consejo realizará en marzo la última etapa de la evaluación a Colombia y presentará una serie de recomendaciones.
Representantes de la sociedad civil, también presentes en el Consejo, informaron que hubo mil 122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública entre julio de 2002 y diciembre de 2007, superior a los 669 registrados de enero de 1997 a junio de 2002.
El Gobierno colombiano aseguró que crímenes como el secuestro han bajado 87 por ciento de 2002 a 2007, pasando de mil 780 a 226.
Octavio Pineda corresponsal, Reforma, 11 de diciembre.
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