El Senado aprobó ayer en comisiones las reformas al artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de secuestro, establecer los tipos penales y sus sanciones.
El dictamen señala que el secuestro “es uno de los delitos más crueles y devastadores, cuyas consecuencias dejan profunda huella en las víctimas y familiares que lo sufren, no sólo por el detrimento económico, sino porque las secuelas físicas y psicológicas que sufren son graves y permanentes”.
El documento cita cifras de la organización no gubernamental IKV Pax Christi con sede en Holanda, las cuales revelan que en 2006 se cometieron 25 mil secuestros en todo el mundo y el país que encabeza la lista con más incidencia es México, seguido de India e Irak, en ese orden.
La resolución también indica que “en nuestro país, el secuestro se ha convertido en una industria delictiva en pleno auge; cientos de personas se han visto trastocadas en su dignidad y privadas de su libertad, y mas aún, algunas de estas personas por desgracia han sido mutiladas o privadas de la vida de manera cobarde”.
En México, agrega el documento de la comisión senatorial, la propagación de organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad ilícita ha ido en aumento. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la probabilidad de que un criminal llegue ante un juez es de tan sólo 3.3 por ciento.
Menciona que “algunos informes” de la PGR indican que el secuestro dejó de ser exclusivo de la delincuencia organizada y de células del narcotráfico, ya que se ha vuelto también una empresa en la que miembros de una familia planean, ejecutan y cobran los rescates”.
“El problema es enorme, por lo que es urgente dotar al Estado de las herramientas legales que le permitan combatir eficientemente el delito del secuestro”, dice el dictamen.
Por ello, agrega el documento del Senado, se ha pensado que los tres órdenes de gobierno, en una relación armónica de recíproca complementación y de idéntica responsabilidad política frente a la comunidad, puedan generar unión normativa y operativa-práctica para dar mejores resultados.
LEY DE AMPARO. En tanto, el Senado aprobó también en comisiones reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para imponer a los tribunales colegiados de circuito la obligación de videograbar las sesiones en que resuelvan los juicios, con el fin de integrar un archivo digital que pueda ser difundido con posterioridad.
El dictamen señala que el secuestro “es uno de los delitos más crueles y devastadores, cuyas consecuencias dejan profunda huella en las víctimas y familiares que lo sufren, no sólo por el detrimento económico, sino porque las secuelas físicas y psicológicas que sufren son graves y permanentes”.
El documento cita cifras de la organización no gubernamental IKV Pax Christi con sede en Holanda, las cuales revelan que en 2006 se cometieron 25 mil secuestros en todo el mundo y el país que encabeza la lista con más incidencia es México, seguido de India e Irak, en ese orden.
La resolución también indica que “en nuestro país, el secuestro se ha convertido en una industria delictiva en pleno auge; cientos de personas se han visto trastocadas en su dignidad y privadas de su libertad, y mas aún, algunas de estas personas por desgracia han sido mutiladas o privadas de la vida de manera cobarde”.
En México, agrega el documento de la comisión senatorial, la propagación de organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad ilícita ha ido en aumento. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la probabilidad de que un criminal llegue ante un juez es de tan sólo 3.3 por ciento.
Menciona que “algunos informes” de la PGR indican que el secuestro dejó de ser exclusivo de la delincuencia organizada y de células del narcotráfico, ya que se ha vuelto también una empresa en la que miembros de una familia planean, ejecutan y cobran los rescates”.
“El problema es enorme, por lo que es urgente dotar al Estado de las herramientas legales que le permitan combatir eficientemente el delito del secuestro”, dice el dictamen.
Por ello, agrega el documento del Senado, se ha pensado que los tres órdenes de gobierno, en una relación armónica de recíproca complementación y de idéntica responsabilidad política frente a la comunidad, puedan generar unión normativa y operativa-práctica para dar mejores resultados.
LEY DE AMPARO. En tanto, el Senado aprobó también en comisiones reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para imponer a los tribunales colegiados de circuito la obligación de videograbar las sesiones en que resuelvan los juicios, con el fin de integrar un archivo digital que pueda ser difundido con posterioridad.
José Contreras, Crónica, 11 de diciembre.
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