BUENOS AIRES.— Mientras el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, pidió perdón en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por los asesinatos de jóvenes que fueron presentados como guerrilleros, el presidente Álvaro Uribe anunció ayer en la ciudad de Bogotá que aquellos miembros de las FARC que ayuden a liberar a personas secuestradas, “obtendrán la libertad y una recompensa”.
En el día en que el gobierno debió rendir examen ante las denuncias de violación de derechos humanos en Ginebra (Suiza), en el marco del examen periódico de la ONU, Uribe buscó retomar la iniciativa política al anunciar la intención de otorgar la libertad a todo aquel guerrillero que libere a un secuestrado. Tal es el caso de Heber Bueno (Isaza), el insurgente que liberó a Óscar Tulio Lizcano en octubre último y que ayer llegó a París junto a Ingrid Betancourt
“Es una libertad asimilable a aquella que habría que otorgar en un intercambio humanitario. Si hay un intercambio humanitario unos tienen que salir de la cárcel y otros salen del cautiverio del secuestro. Asimilamos la libertad que se le ofrece a los guerrilleros, cualquiera que sea la naturaleza del delito en que estén incursos, a un intercambio humanitario”, dijo el presidente Uribe, aunque aclaró que sólo se evitará esa libertad si “cometió delitos de lesa humanidad”.
En tanto, en Ginebra Francisco Santos pidió “perdón a las víctimas”, en los casos de “los falsos positivos” que reconoció como “una vergüenza para el Estado colombiano”.
En una jornada en la que las ONG que actúan en Colombia presentaron denuncias contra el gobierno de Uribe, Santos buscó atemperar las mismas con el reconocimiento de los delitos, presuntamente a manos de efectivos del Ejército y resaltando que “la justicia está trabajando para que no queden impunes.
En el informe presentado por las ONG, se aportaron pruebas para demostrar que entre 2002, año de la llegada de Uribe al gobierno y 2007, “13 mil 634 personas perdieron la vida por fuera de combate, y 75.4% de los casos fueron atribuidos al Estado. Mil 122 casos de ejecuciones extrajudiciales son atribuidas directamente a la fuerza pública y 131 casos de “falsos positivos” (asesinatos fraguados como ‘muertes en combate’) fueron denunciados”.
Asimismo, expresa que “932 personas por lo menos fueron víctimas de torturas, de las cuales 731 fueron asesinadas y 8 mil 451 fueron secuestradas. Entre 11 mil y 14 mil niños y niñas fueron reclutados por la guerrilla de izquierda, los paramilitares de ultraderecha y el Ejército”.
En lo que respecta a los desplazados por culpa del conflicto el informe sostiene que son “entre 3 y 4 millones de personas”, lo que coloca a Colombia como el número dos en el mundo detrás de Sudán.
José Vales corresponsal, El Universal, 11 de diciembre.
En el día en que el gobierno debió rendir examen ante las denuncias de violación de derechos humanos en Ginebra (Suiza), en el marco del examen periódico de la ONU, Uribe buscó retomar la iniciativa política al anunciar la intención de otorgar la libertad a todo aquel guerrillero que libere a un secuestrado. Tal es el caso de Heber Bueno (Isaza), el insurgente que liberó a Óscar Tulio Lizcano en octubre último y que ayer llegó a París junto a Ingrid Betancourt
“Es una libertad asimilable a aquella que habría que otorgar en un intercambio humanitario. Si hay un intercambio humanitario unos tienen que salir de la cárcel y otros salen del cautiverio del secuestro. Asimilamos la libertad que se le ofrece a los guerrilleros, cualquiera que sea la naturaleza del delito en que estén incursos, a un intercambio humanitario”, dijo el presidente Uribe, aunque aclaró que sólo se evitará esa libertad si “cometió delitos de lesa humanidad”.
En tanto, en Ginebra Francisco Santos pidió “perdón a las víctimas”, en los casos de “los falsos positivos” que reconoció como “una vergüenza para el Estado colombiano”.
En una jornada en la que las ONG que actúan en Colombia presentaron denuncias contra el gobierno de Uribe, Santos buscó atemperar las mismas con el reconocimiento de los delitos, presuntamente a manos de efectivos del Ejército y resaltando que “la justicia está trabajando para que no queden impunes.
En el informe presentado por las ONG, se aportaron pruebas para demostrar que entre 2002, año de la llegada de Uribe al gobierno y 2007, “13 mil 634 personas perdieron la vida por fuera de combate, y 75.4% de los casos fueron atribuidos al Estado. Mil 122 casos de ejecuciones extrajudiciales son atribuidas directamente a la fuerza pública y 131 casos de “falsos positivos” (asesinatos fraguados como ‘muertes en combate’) fueron denunciados”.
Asimismo, expresa que “932 personas por lo menos fueron víctimas de torturas, de las cuales 731 fueron asesinadas y 8 mil 451 fueron secuestradas. Entre 11 mil y 14 mil niños y niñas fueron reclutados por la guerrilla de izquierda, los paramilitares de ultraderecha y el Ejército”.
En lo que respecta a los desplazados por culpa del conflicto el informe sostiene que son “entre 3 y 4 millones de personas”, lo que coloca a Colombia como el número dos en el mundo detrás de Sudán.
José Vales corresponsal, El Universal, 11 de diciembre.
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