El Senado de la República aprobó federalizar el delito de secuestro y ahora espera que al menos 16 Congresos locales den el visto bueno a la reforma constitucional del Artículo 73 para que se pueda crear la Ley general en materia de secuestro.
Con 97 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, la Cámara alta aprobó dar facultades al Congreso para que emita la ley pertinente que castigue el delito del secuestro en forma homologada con todos los órdenes de Gobierno en el país.
Se prevé que la Ley pueda expedirse durante el primer semestre del próximo año y deberá contener como mínimo, los tipos penales, sanciones y la forma de coordinación entre la federación, los estados y municipios.
Esta propuesta, que se enmarca dentro del paquete sobre el sistema de seguridad nacional que envió el Presidente Felipe Calderón al Congreso en septiembre pasado, pretende unir y mejorar la colaboración entre los ámbitos de gobierno.
Se busca distribuir las competencias de cada orden de gobierno para hacer frente al delito, así como fijar las normas de coordinación.
El senador del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, explicó que a partir de los lineamientos establecidos en una ley general sobre la materia, se pretende generar un marco jurídico que propicie la armonización de tipos penales y penas, ahora disímbolas entre las distintas entidades federativas del país, y que se establezca una mejor coordinación entre las procuradurías y las policías; que la ley defina los alcances de la concurrencia en la materia regulada y proporcionando un esquema claro de responsabilidad para las autoridades frente a la sociedad.
En la discusión sobre la modificación constitucional del 73, los senadores coincidieron en señalar que la inseguridad que se vive hoy en el país hace necesario una intensa coordinación entre todos los órdenes de gobierno y poderes.
El senador del PRD, Tomás Torres Mercado pidió que al hacer la ley general en materia de secuestro no se debe de olvidar el respeto a las garantías y derechos fundamentales.
Santiago Creel, senador del PAN puntualizó que el reto por delante es establecer las bases generales de concurrencia estableciendo con toda precisión el ámbito de actuación de cada una de las autoridades.
Y lanzó un cuestionamiento: "¿quién es responsable de qué en materia de secuestros?".
Del PAN, el senador Ricardo García Cervantes subrayó que no se debe olvidar que la facultad del gobierno es garantizar la vida, la integridad y el patrimonio de los gobernados.
"Que para eso sea esta reforma constitucional, no para encontrar ni excusas, ni deslizamientos de responsabilidades, sino para comprometernos a que la sociedad mexicana tiene derecho a que su gobierno, cualquiera que éste sea, de cualquier signo, aprecie la vida", apuntó García Cervantes.
Con 97 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, la Cámara alta aprobó dar facultades al Congreso para que emita la ley pertinente que castigue el delito del secuestro en forma homologada con todos los órdenes de Gobierno en el país.
Se prevé que la Ley pueda expedirse durante el primer semestre del próximo año y deberá contener como mínimo, los tipos penales, sanciones y la forma de coordinación entre la federación, los estados y municipios.
Esta propuesta, que se enmarca dentro del paquete sobre el sistema de seguridad nacional que envió el Presidente Felipe Calderón al Congreso en septiembre pasado, pretende unir y mejorar la colaboración entre los ámbitos de gobierno.
Se busca distribuir las competencias de cada orden de gobierno para hacer frente al delito, así como fijar las normas de coordinación.
El senador del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, explicó que a partir de los lineamientos establecidos en una ley general sobre la materia, se pretende generar un marco jurídico que propicie la armonización de tipos penales y penas, ahora disímbolas entre las distintas entidades federativas del país, y que se establezca una mejor coordinación entre las procuradurías y las policías; que la ley defina los alcances de la concurrencia en la materia regulada y proporcionando un esquema claro de responsabilidad para las autoridades frente a la sociedad.
En la discusión sobre la modificación constitucional del 73, los senadores coincidieron en señalar que la inseguridad que se vive hoy en el país hace necesario una intensa coordinación entre todos los órdenes de gobierno y poderes.
El senador del PRD, Tomás Torres Mercado pidió que al hacer la ley general en materia de secuestro no se debe de olvidar el respeto a las garantías y derechos fundamentales.
Santiago Creel, senador del PAN puntualizó que el reto por delante es establecer las bases generales de concurrencia estableciendo con toda precisión el ámbito de actuación de cada una de las autoridades.
Y lanzó un cuestionamiento: "¿quién es responsable de qué en materia de secuestros?".
Del PAN, el senador Ricardo García Cervantes subrayó que no se debe olvidar que la facultad del gobierno es garantizar la vida, la integridad y el patrimonio de los gobernados.
"Que para eso sea esta reforma constitucional, no para encontrar ni excusas, ni deslizamientos de responsabilidades, sino para comprometernos a que la sociedad mexicana tiene derecho a que su gobierno, cualquiera que éste sea, de cualquier signo, aprecie la vida", apuntó García Cervantes.
Ariadna García y Claudia Guerrero, Reforma, 12 de diciembre.
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