La miscelánea penal aprobada la semana pasada por el Congreso, constituye “el primer paso para revertir los niveles de más del 90 por ciento de impunidad que gozan los delincuentes en México”, afirmaron los diputados del PAN, Yadhira Tamayo, y del PRD, César Flores Maldonado.
Éste último, demandó al Ejecutivo federal publicar a la brevedad, el paquete de leyes para iniciar “lo más pronto posible el proceso de limpia de las instituciones policiacas y revertir la ilegalidad y la corrupción”.
En tanto, la vicepresidenta de la Cámara baja, Ruth Zavaleta, del PRD, dijo que el Estado debe de contar con estrategias que no se sustenten sólo en la sanción criminal, sino establecer, a la vez, una variable de prevención que busque la solución de manera alternativa a los conflictos sociales
La diputada albiceleste, Ya-dhira Tamayo, aseguró que esa miscelánea permitirá que se autorice a la autoridad realizar operaciones a través de agentes encubiertos para el mejor combate contra el crimen organizado, y se faculta a particulares a realizar detenciones de criminales en flagrancia.
Tamayo recordó que las intervenciones telefónicas podrán formar parte de una indagatoria, siempre y cuando se realicen previa autorización de un juez, y no sólo eso, sino que además se reglamenta que las grabaciones entre particulares tengan peso de prueba, si son aportadas por una de las partes involucradas.
Garantizó que de aplicarse correctamente el conjunto de reformas, se evitará la fuga de indiciados bajo proceso que se encuentren en libertad, ya que se impondrán medidas cautelares, como brazaletes electrónicos.
La legisladora de Acción Nacional, quien es integrante de la comisión de Justicia en San Lázaro, señaló que se establece la disposición para ejecutar arraigos por 40 días, con una prórroga de 40 días más, y la realización de cateos, sólo bajo orden judicial, que deberá ser otorgada en un plazo máximo de 24 horas.
Por separado, el vicecoordinador del Área Jurisdiccional de la bancada perredista, César Flores Maldonado, llamó al Ejecutivo federal a publicar cuanto antes la miscelánea penal “para iniciar lo más pronto posible el proceso de limpia de las instituciones policiacas y revertir la impunidad y corrupción en México”.
La Ley del Sistema de Seguridad Pública, agregó, dota al Ejecutivo de los instrumentos indispensables para transformar a las policías, instituciones y procedimientos, y por tanto, ya no hay pretexto de que no hay voluntad de los legisladores”, dijo.
En tanto, la diputada Ruth Zavaleta, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, expuso que el incremento de la incidencia delictiva en México “ha convertido a la seguridad pública en una prioridad nacional”.
Frente a ello, Zavaleta presentó una iniciativa que propone crear la Ley de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, para tratar de frenar el constante incremento del porcentaje de delitos que se cometen con uso excesivo de violencia, la proliferación de armas de fuego por todo el territorio nacional, así como la baja eficacia de los sistemas de prevención, persecución y sanción del delito, entre otras.
Dijo que es importante contar con estrategias que no estén sustentadas únicamente en la sanción criminal, sino que debe establecerse una variable de prevención que busque la solución de manera alternativa a los conflictos sociales.
Disposiciones
Permitirá la realización de operaciones policiacas por medio de agentes encubiertos.
Se faculta a particulares hacer detenciones de criminales en flagrancia.
Las intervenciones telefónicas podrán formar parte de una indagatoria, siempre y cuando se realicen previa autorización de un juez.
Las grabaciones entre particulares tendrán peso de prueba, si son aportadas por una de las partes involucradas.
Se evitará la fuga de indiciados bajo proceso que se encuentren en libertad, ya que:
Se impondrán medidas cautelares, como brazaletes electrónicos, a indiciados que se encuentran bajo proceso en libertad.
Se autorizan arraigos por 40 días, con una prórroga de 40 días más.
Se autorizan cateos sólo bajo orden judicial, la cual deberá ser otorgada en un plazo máximo de 24 horas.
Faculta a la policía para investigar en materia de prevención, sin sustituir al Ministerio Público.
Crear nuevos tipos penales para sancionar a funcionarios públicos por delitos contra la administración de justicia.
Crea un registro obligatorio de detenciones.
Éste último, demandó al Ejecutivo federal publicar a la brevedad, el paquete de leyes para iniciar “lo más pronto posible el proceso de limpia de las instituciones policiacas y revertir la ilegalidad y la corrupción”.
En tanto, la vicepresidenta de la Cámara baja, Ruth Zavaleta, del PRD, dijo que el Estado debe de contar con estrategias que no se sustenten sólo en la sanción criminal, sino establecer, a la vez, una variable de prevención que busque la solución de manera alternativa a los conflictos sociales
La diputada albiceleste, Ya-dhira Tamayo, aseguró que esa miscelánea permitirá que se autorice a la autoridad realizar operaciones a través de agentes encubiertos para el mejor combate contra el crimen organizado, y se faculta a particulares a realizar detenciones de criminales en flagrancia.
Tamayo recordó que las intervenciones telefónicas podrán formar parte de una indagatoria, siempre y cuando se realicen previa autorización de un juez, y no sólo eso, sino que además se reglamenta que las grabaciones entre particulares tengan peso de prueba, si son aportadas por una de las partes involucradas.
Garantizó que de aplicarse correctamente el conjunto de reformas, se evitará la fuga de indiciados bajo proceso que se encuentren en libertad, ya que se impondrán medidas cautelares, como brazaletes electrónicos.
La legisladora de Acción Nacional, quien es integrante de la comisión de Justicia en San Lázaro, señaló que se establece la disposición para ejecutar arraigos por 40 días, con una prórroga de 40 días más, y la realización de cateos, sólo bajo orden judicial, que deberá ser otorgada en un plazo máximo de 24 horas.
Por separado, el vicecoordinador del Área Jurisdiccional de la bancada perredista, César Flores Maldonado, llamó al Ejecutivo federal a publicar cuanto antes la miscelánea penal “para iniciar lo más pronto posible el proceso de limpia de las instituciones policiacas y revertir la impunidad y corrupción en México”.
La Ley del Sistema de Seguridad Pública, agregó, dota al Ejecutivo de los instrumentos indispensables para transformar a las policías, instituciones y procedimientos, y por tanto, ya no hay pretexto de que no hay voluntad de los legisladores”, dijo.
En tanto, la diputada Ruth Zavaleta, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, expuso que el incremento de la incidencia delictiva en México “ha convertido a la seguridad pública en una prioridad nacional”.
Frente a ello, Zavaleta presentó una iniciativa que propone crear la Ley de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, para tratar de frenar el constante incremento del porcentaje de delitos que se cometen con uso excesivo de violencia, la proliferación de armas de fuego por todo el territorio nacional, así como la baja eficacia de los sistemas de prevención, persecución y sanción del delito, entre otras.
Dijo que es importante contar con estrategias que no estén sustentadas únicamente en la sanción criminal, sino que debe establecerse una variable de prevención que busque la solución de manera alternativa a los conflictos sociales.
Disposiciones
Permitirá la realización de operaciones policiacas por medio de agentes encubiertos.
Se faculta a particulares hacer detenciones de criminales en flagrancia.
Las intervenciones telefónicas podrán formar parte de una indagatoria, siempre y cuando se realicen previa autorización de un juez.
Las grabaciones entre particulares tendrán peso de prueba, si son aportadas por una de las partes involucradas.
Se evitará la fuga de indiciados bajo proceso que se encuentren en libertad, ya que:
Se impondrán medidas cautelares, como brazaletes electrónicos, a indiciados que se encuentran bajo proceso en libertad.
Se autorizan arraigos por 40 días, con una prórroga de 40 días más.
Se autorizan cateos sólo bajo orden judicial, la cual deberá ser otorgada en un plazo máximo de 24 horas.
Faculta a la policía para investigar en materia de prevención, sin sustituir al Ministerio Público.
Crear nuevos tipos penales para sancionar a funcionarios públicos por delitos contra la administración de justicia.
Crea un registro obligatorio de detenciones.
Luciano Franco, Crónica, 15 de diciembre.
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