WASHINGTON.— México rechazó ayer que en la lucha contra los cárteles de la droga la violación de los derechos humanos se haya convertido en una práctica común y en una “política de Estado”, y reconoció que, aunque se han podido registrar casos aislados de maltratos, el gobierno de Felipe Calderón se ha comprometido a garantizar el estado de derecho “para salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales”.
En una carta aclaratoria publicada ayer en las páginas de The Washington Post, el embajador de México en EU, Arturo Sarukhán, decidió fijar la posición de México frente a las denuncias contenidas en un reportaje publicado el pasado 9 de julio en el que se recogieron testimonios y denuncias sobre los operativos y las tácticas de tortura y maltrato en las que habrían incurrido algunos elementos del Ejército contra población civil o policías en activo sospechosos de estar infiltrados por el narco.
En el reportaje se recogieron los testimonios directos de civiles torturados por elementos del Ejército —en la localidad de Puerto Las Ollas, Guerrero—, y se consignaron las 2 mil quejas y denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este trabajo sería incorporado el pasado 9 de julio al debate y al análisis del Congreso durante una audiencia que se celebró ese mismo día para analizar la amenaza de los cárteles de la droga contra la seguridad de México y EU y causó la preocupación de legisladores y de representantes de la lucha antinarcóticos en Washington.
La preocupación por el impacto ocasionado por el reportaje empujó al gobierno de México a trabajar en una estrategia de control de daños con una carta que no ha supuesto ninguna enmienda o desmentido al trabajo de los reporteros de The Washington Post, sino más bien una aclaración en la que se reconoce que, si bien, han podido registrarse “casos aislados” de violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Felipe Calderón no aceptaría comulgar con una política donde haya cabida a la violación de los derechos.
La carta publicada 10 días después del reportaje que denunció las polémicas actuaciones del Ejército mexicano, se ha producido tras una serie de contactos con los directivos de The Washington Post y a pesar de que el gobierno de México ya tiene garantizada en el Congreso de EU la aprobación de los fondos de la Iniciativa Mérida.
En una carta aclaratoria publicada ayer en las páginas de The Washington Post, el embajador de México en EU, Arturo Sarukhán, decidió fijar la posición de México frente a las denuncias contenidas en un reportaje publicado el pasado 9 de julio en el que se recogieron testimonios y denuncias sobre los operativos y las tácticas de tortura y maltrato en las que habrían incurrido algunos elementos del Ejército contra población civil o policías en activo sospechosos de estar infiltrados por el narco.
En el reportaje se recogieron los testimonios directos de civiles torturados por elementos del Ejército —en la localidad de Puerto Las Ollas, Guerrero—, y se consignaron las 2 mil quejas y denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este trabajo sería incorporado el pasado 9 de julio al debate y al análisis del Congreso durante una audiencia que se celebró ese mismo día para analizar la amenaza de los cárteles de la droga contra la seguridad de México y EU y causó la preocupación de legisladores y de representantes de la lucha antinarcóticos en Washington.
La preocupación por el impacto ocasionado por el reportaje empujó al gobierno de México a trabajar en una estrategia de control de daños con una carta que no ha supuesto ninguna enmienda o desmentido al trabajo de los reporteros de The Washington Post, sino más bien una aclaración en la que se reconoce que, si bien, han podido registrarse “casos aislados” de violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Felipe Calderón no aceptaría comulgar con una política donde haya cabida a la violación de los derechos.
La carta publicada 10 días después del reportaje que denunció las polémicas actuaciones del Ejército mexicano, se ha producido tras una serie de contactos con los directivos de The Washington Post y a pesar de que el gobierno de México ya tiene garantizada en el Congreso de EU la aprobación de los fondos de la Iniciativa Mérida.
Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 20 de julio.
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