El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró y calificó de “histórica” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de determinar que son admisibles los recursos de amparo promovidos por el sector industrial contra la reforma electoral. El fallo emitido el pasado lunes “representa un paso fundamental en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información”, destacó.
Sobre el tema, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones advirtió que sería un exceso del máximo tribunal tratar de limitar el ejercicio del poder constituyente, representado en el Congreso en lo que toca al amparo que pretenden diversos empresarios, “porque la división de poderes sufriría en consecuencia”.
Destacó que no sólo el Congreso, sino también la SCJN tienen límites, y subrayó que lo único que ha resuelto la Corte, “y espero que ese sea el espíritu”, es “revisar el tema procedimental para la aprobación de una reforma constitucional”.
En conferencia de prensa, los dirigentes de los organismos que integran el CCE destacaron que el fallo emitido por la Suprema Corte “representa un paso fundamental en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información”.
La democracia no es patrimonio de los partidos
El presidente del organismo, Armando Paredes Arroyo, señaló que el fallo también sienta un precedente histórico que permitirá el acceso a la justicia federal a cualquier ciudadano que considere que se han violado sus derechos políticos, lo que permite además interponer una demanda de amparo en contra de un acto de autoridad, incluido el Congreso de la Unión.
“La democracia es un régimen de libertades y participación ciudadana, no un patrimonio de los partidos políticos. Por esa razón hemos emprendido la defensa del derecho que tiene la sociedad a expresarse, a tener información y a no restringir el diálogo político a los líderes de los partidos”, dijo.
Los líderes empresariales agrupados en el CCE, entre ellos Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y Ricardo González Sada, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideraron que al determinar que procede entablar los juicios de amparo promovidos por los empresarios del país en contra de procesos de reforma constitucional en materia electoral, los ministros de la Corte valoraron que las garantías individuales, en este caso la libertad de expresión, están por encima de cualquier reforma constitucional y con ello envían una señal positiva y de confianza para la vida institucional de México.
González Sada dijo que “la democracia es un intercambio de opiniones, de ideas, y precisamente es en periodos electorales cuando se debe tener esa herramienta que es la libertad de expresión, de agrupación, para poner sobre la mesa los puntos de vista que cada individuo tiene”.
Al preguntarle si la democracia queda en manos de los ciudadanos que pueden pagar anuncios publicitarios en medios electrónicos, el empresario negó que se trate sólo de los promocionales en televisión. “Se trata de defender la libertad de expresión”, aseveró.
A la misma pregunta respondió Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), quien sostuvo que “no tiene por qué interpretarse así. Debe interpretarse como una libertad para los mexicanos que se veía coartada y ahora los tribunales están considerándolo”.
En tanto, el abogado del Consejo Coordinador Empresarial, Adolfo Arrioja Vizcaíno, dijo que tras la decisión de los ministros de la Corte podrán admitir 47 juicios de amparo interpuestos por el CCE y se abre la posibilidad para que en las elecciones del próximo año el sector empresarial participe en el proceso mediante la difusión de mensajes en medios electrónicos, como ya lo hizo en los pasados comicios presidenciales, y no descartó que de perder el caso en las instancias del país la cúpula empresarial acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque vio ese escenario poco probable y confió en que bajo los criterios de los ministros de la Suprema Corte se ganarán los juicios de amparo interpuestos por los dirigentes industriales del país.
Indicó que con la resolución que permite la admisión de amparos, éstos van a regresar a los juzgados de distrito y “lo primero que haremos será plantear la suspensión de los actos reclamados. Porque si obtenemos esa suspensión mientras se resuelven los amparos, va a quedar en suspenso la reforma constitucional y entonces se van a poder contratar espacios en radio y televisión en las elecciones federales de 2009”.
Agregó que una última instancia sería recurrir a la Corte Interamericana, “pero es una posibilidad remota, lejana, porque advierto en el fallo que se tiene toda la intención de proteger los derechos humanos, los derechos políticos como una garantía individual fundamental de toda la sociedad mexicana”.
Sobre el tema, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones advirtió que sería un exceso del máximo tribunal tratar de limitar el ejercicio del poder constituyente, representado en el Congreso en lo que toca al amparo que pretenden diversos empresarios, “porque la división de poderes sufriría en consecuencia”.
Destacó que no sólo el Congreso, sino también la SCJN tienen límites, y subrayó que lo único que ha resuelto la Corte, “y espero que ese sea el espíritu”, es “revisar el tema procedimental para la aprobación de una reforma constitucional”.
En conferencia de prensa, los dirigentes de los organismos que integran el CCE destacaron que el fallo emitido por la Suprema Corte “representa un paso fundamental en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información”.
La democracia no es patrimonio de los partidos
El presidente del organismo, Armando Paredes Arroyo, señaló que el fallo también sienta un precedente histórico que permitirá el acceso a la justicia federal a cualquier ciudadano que considere que se han violado sus derechos políticos, lo que permite además interponer una demanda de amparo en contra de un acto de autoridad, incluido el Congreso de la Unión.
“La democracia es un régimen de libertades y participación ciudadana, no un patrimonio de los partidos políticos. Por esa razón hemos emprendido la defensa del derecho que tiene la sociedad a expresarse, a tener información y a no restringir el diálogo político a los líderes de los partidos”, dijo.
Los líderes empresariales agrupados en el CCE, entre ellos Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y Ricardo González Sada, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideraron que al determinar que procede entablar los juicios de amparo promovidos por los empresarios del país en contra de procesos de reforma constitucional en materia electoral, los ministros de la Corte valoraron que las garantías individuales, en este caso la libertad de expresión, están por encima de cualquier reforma constitucional y con ello envían una señal positiva y de confianza para la vida institucional de México.
González Sada dijo que “la democracia es un intercambio de opiniones, de ideas, y precisamente es en periodos electorales cuando se debe tener esa herramienta que es la libertad de expresión, de agrupación, para poner sobre la mesa los puntos de vista que cada individuo tiene”.
Al preguntarle si la democracia queda en manos de los ciudadanos que pueden pagar anuncios publicitarios en medios electrónicos, el empresario negó que se trate sólo de los promocionales en televisión. “Se trata de defender la libertad de expresión”, aseveró.
A la misma pregunta respondió Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), quien sostuvo que “no tiene por qué interpretarse así. Debe interpretarse como una libertad para los mexicanos que se veía coartada y ahora los tribunales están considerándolo”.
En tanto, el abogado del Consejo Coordinador Empresarial, Adolfo Arrioja Vizcaíno, dijo que tras la decisión de los ministros de la Corte podrán admitir 47 juicios de amparo interpuestos por el CCE y se abre la posibilidad para que en las elecciones del próximo año el sector empresarial participe en el proceso mediante la difusión de mensajes en medios electrónicos, como ya lo hizo en los pasados comicios presidenciales, y no descartó que de perder el caso en las instancias del país la cúpula empresarial acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque vio ese escenario poco probable y confió en que bajo los criterios de los ministros de la Suprema Corte se ganarán los juicios de amparo interpuestos por los dirigentes industriales del país.
Indicó que con la resolución que permite la admisión de amparos, éstos van a regresar a los juzgados de distrito y “lo primero que haremos será plantear la suspensión de los actos reclamados. Porque si obtenemos esa suspensión mientras se resuelven los amparos, va a quedar en suspenso la reforma constitucional y entonces se van a poder contratar espacios en radio y televisión en las elecciones federales de 2009”.
Agregó que una última instancia sería recurrir a la Corte Interamericana, “pero es una posibilidad remota, lejana, porque advierto en el fallo que se tiene toda la intención de proteger los derechos humanos, los derechos políticos como una garantía individual fundamental de toda la sociedad mexicana”.
Érika Duarte, Ciro Pérez Silva y Víctor Ballinas, La Jornada, 1º de octubre.
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