El presidente Felipe Calderón envió al Congreso diversas iniciativas en materia de seguridad pública para acabar con una “malentendida división de competencias entre autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de procuración de justicia”, así como “con el contubernio de criminales con algunas autoridades”.
El paquete incluye la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y una serie de reformas a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales en Materia de Narcomenudeo.
El mandatario señaló que las reformas al Código Penal Federal prohibirían el uso indebido de la información contenida en la Plataforma México, así como la falsificación y el uso incorrecto de uniformes, insignias o equipamiento de las fuerzas del orden.
Se establece además como delito el mal uso de las aportaciones federales destinadas a garantizar y fortalecer la seguridad pública.
Calderón indicó que las instancias locales de gobierno podrán, en el ámbito de su competencia cuidadosamente delimitado, investigar y perseguir delitos de manera concurrente con la Federación, con la posesión, venta y distribución de narcóticos en pequeña escala.
El paquete propone tipificar como graves los delitos de comercialización y suministro de narcóticos en su modalidad de narcomenudeo y aumentar las penas para quien distribuya droga a menores de edad o en centros educativos y sus alrededores.
El jefe del Ejecutivo destacó que la principal iniciativa enviada a la Cámara de Diputados será la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases e instancias de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.
Explicó que se busca adoptar un sistema integral de desarrollo policial, ministerial y pericial, con lo cual se puedan desarrollar al máximo las competencias y capacidades de los servidores públicos y las instituciones de seguridad pública.
Asimismo, se pretende crear el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza, el cual se encargaría de evaluar y certificar a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
La iniciativa propone establecer el Sistema Único de Información Criminal que contendrá una base de datos compartida entre la federación, los estados y los municipios.
Se contempla además la creación de mecanismos de participación social y ciudadana para la planeación y supervisión de las instituciones de seguridad pública.
De igual manera se establecen procedimientos policiales para regular el uso de la fuerza pública, con el fin de que la actuación de la policía garantice la vigencia de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
La iniciativa propone mecanismos de participación social y ciudadana para la planeación y supervisión de las instituciones de seguridad pública.
De acuerdo con el presidente Calderón, estas iniciativas legislativas son necesarias para acometer los grandes retos que enfrenta México en materia de seguridad y responden al “hecho de la indefinición aparente de competencias entre la Federación y las autoridades locales, propicia que la criminalidad realice sus actividades con total impunidad, aprovechando, precisamente, la falta de coordinación entre las diversas instancias de gobierno”.
Con estas iniciativas, señaló, se da cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad , la Justicia y la Legalidad.
Al anunciar el envío de las reformas a la Ley General de Salud y al Código General de Procedimientos Penales en Materia de Narcomenudeo, el mandatario llamó a la unidad y la corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno.
En un llamado al Congreso de la Unión le pidió “analizar, debatir, enriquecer y en su caso, aprobar esta iniciativa legislativa”.
Insistió en el principio de concurrencia y corresponsabilidad de las autoridades locales y la federal en el combate al narcomenudeo, así como a las policías locales y las autoridades ministeriales.
Asimismo, propone un sistema de tratamiento terapéutico obligatorio, sustitutivo de sanciones, a quienes, y aún cuando le sean encontradas drogas en dosis individuales, justifiquen su dependencia directa a éste o su uso para tratamiento médico; o bien, se trate, precisamente, de un uso por primera vez.
El presidente Calderón aseguró que sólo con leyes más fuertes se podrán ganar espacios de acción a los delincuentes “que amenazan la seguridad de nuestras comunidades y que intentan envenenar a los hijos de los mexicanos con la droga”
El presidente hizo el anuncio acompañado por los titulares de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora.
El paquete incluye la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y una serie de reformas a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales en Materia de Narcomenudeo.
El mandatario señaló que las reformas al Código Penal Federal prohibirían el uso indebido de la información contenida en la Plataforma México, así como la falsificación y el uso incorrecto de uniformes, insignias o equipamiento de las fuerzas del orden.
Se establece además como delito el mal uso de las aportaciones federales destinadas a garantizar y fortalecer la seguridad pública.
Calderón indicó que las instancias locales de gobierno podrán, en el ámbito de su competencia cuidadosamente delimitado, investigar y perseguir delitos de manera concurrente con la Federación, con la posesión, venta y distribución de narcóticos en pequeña escala.
El paquete propone tipificar como graves los delitos de comercialización y suministro de narcóticos en su modalidad de narcomenudeo y aumentar las penas para quien distribuya droga a menores de edad o en centros educativos y sus alrededores.
El jefe del Ejecutivo destacó que la principal iniciativa enviada a la Cámara de Diputados será la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases e instancias de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.
Explicó que se busca adoptar un sistema integral de desarrollo policial, ministerial y pericial, con lo cual se puedan desarrollar al máximo las competencias y capacidades de los servidores públicos y las instituciones de seguridad pública.
Asimismo, se pretende crear el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza, el cual se encargaría de evaluar y certificar a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
La iniciativa propone establecer el Sistema Único de Información Criminal que contendrá una base de datos compartida entre la federación, los estados y los municipios.
Se contempla además la creación de mecanismos de participación social y ciudadana para la planeación y supervisión de las instituciones de seguridad pública.
De igual manera se establecen procedimientos policiales para regular el uso de la fuerza pública, con el fin de que la actuación de la policía garantice la vigencia de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
La iniciativa propone mecanismos de participación social y ciudadana para la planeación y supervisión de las instituciones de seguridad pública.
De acuerdo con el presidente Calderón, estas iniciativas legislativas son necesarias para acometer los grandes retos que enfrenta México en materia de seguridad y responden al “hecho de la indefinición aparente de competencias entre la Federación y las autoridades locales, propicia que la criminalidad realice sus actividades con total impunidad, aprovechando, precisamente, la falta de coordinación entre las diversas instancias de gobierno”.
Con estas iniciativas, señaló, se da cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad , la Justicia y la Legalidad.
Al anunciar el envío de las reformas a la Ley General de Salud y al Código General de Procedimientos Penales en Materia de Narcomenudeo, el mandatario llamó a la unidad y la corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno.
En un llamado al Congreso de la Unión le pidió “analizar, debatir, enriquecer y en su caso, aprobar esta iniciativa legislativa”.
Insistió en el principio de concurrencia y corresponsabilidad de las autoridades locales y la federal en el combate al narcomenudeo, así como a las policías locales y las autoridades ministeriales.
Asimismo, propone un sistema de tratamiento terapéutico obligatorio, sustitutivo de sanciones, a quienes, y aún cuando le sean encontradas drogas en dosis individuales, justifiquen su dependencia directa a éste o su uso para tratamiento médico; o bien, se trate, precisamente, de un uso por primera vez.
El presidente Calderón aseguró que sólo con leyes más fuertes se podrán ganar espacios de acción a los delincuentes “que amenazan la seguridad de nuestras comunidades y que intentan envenenar a los hijos de los mexicanos con la droga”
El presidente hizo el anuncio acompañado por los titulares de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora.
Cecilia Téllez Cortés, Crónica, 1º de octubre.
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