Con la nueva reforma electoral, el Congreso de la Unión dará "dientes" al IFE para administrar los tiempos del Estado en radio y televisión, definir las pautas para la transmisión de mensajes, fiscalizar los gastos de los partidos, vigilar a sus propios consejeros, y hasta sancionar a todos los que infrinjan la ley.
El proyecto de reforma al Cofipe se presentará en los próximos días en el Senado. De aprobarse, pasará a la Cámara de Diputados, y si no le realiza ningún cambio, pasará al Ejecutivo, para publicarse en el Diario Oficial.
Tan sólo en materia de medios de comunicación, el nuevo Consejo General del Instituto tendrá la facultad de ordenar la suspensión inmediata de cualquier anuncio, mensaje o propaganda que sea violatorio de las nuevas normas en materia electoral, contenidas en la Constitución y en las leyes secundarias.
Para ello, el IFE sólo requiere una propuesta motivada y fundada de la futura Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo.
"El Consejo General podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier mensaje de propaganda política o electoral, en radio o televisión, que resulte violatorio de este código. Lo anterior, sin prejuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores", señala el proyecto.
Además, podrá ordenar la suspensión de la señal de las estaciones de radio y canales de televisión hasta por 10 días cuando se presenten violaciones graves y sistemáticas al nuevo Cofipe.
El IFE será considerado autoridad única en la definición del uso de los tiempos oficiales o del Estado, por lo menos durante todo el tiempo de campañas y precampañas.
En consecuencia, podrá castigar a partidos y agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos y candidatos, personas físicas y morales, concesionarios y permisionarios de radio y televisión, observadores electorales, y hasta a las organizaciones patronales y sindicatos que no cumplan con el marco legal.
Además, sustanciará los expedientes en contra de funcionarios públicos de todos los poderes y niveles de Gobierno, notarios públicos, ciudadanos extranjeros y hasta ministros de culto que violen la legislación aplicable en materia electoral, con el fin de remitirlos a las autoridades encargadas de aplicar las sanciones correspondientes.
El proyecto de reforma al Cofipe se presentará en los próximos días en el Senado. De aprobarse, pasará a la Cámara de Diputados, y si no le realiza ningún cambio, pasará al Ejecutivo, para publicarse en el Diario Oficial.
Tan sólo en materia de medios de comunicación, el nuevo Consejo General del Instituto tendrá la facultad de ordenar la suspensión inmediata de cualquier anuncio, mensaje o propaganda que sea violatorio de las nuevas normas en materia electoral, contenidas en la Constitución y en las leyes secundarias.
Para ello, el IFE sólo requiere una propuesta motivada y fundada de la futura Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo.
"El Consejo General podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier mensaje de propaganda política o electoral, en radio o televisión, que resulte violatorio de este código. Lo anterior, sin prejuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores", señala el proyecto.
Además, podrá ordenar la suspensión de la señal de las estaciones de radio y canales de televisión hasta por 10 días cuando se presenten violaciones graves y sistemáticas al nuevo Cofipe.
El IFE será considerado autoridad única en la definición del uso de los tiempos oficiales o del Estado, por lo menos durante todo el tiempo de campañas y precampañas.
En consecuencia, podrá castigar a partidos y agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos y candidatos, personas físicas y morales, concesionarios y permisionarios de radio y televisión, observadores electorales, y hasta a las organizaciones patronales y sindicatos que no cumplan con el marco legal.
Además, sustanciará los expedientes en contra de funcionarios públicos de todos los poderes y niveles de Gobierno, notarios públicos, ciudadanos extranjeros y hasta ministros de culto que violen la legislación aplicable en materia electoral, con el fin de remitirlos a las autoridades encargadas de aplicar las sanciones correspondientes.
Nota de Claudia Guerrero, Claudia Salazar y Armando Estrop, Reforma, 23 de noviembre.
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