De nueva cuenta los dueños de las principales cadenas de radio y televisión, apoyados por algunos legisladores afines, presionan para tratar de frenar las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), sobre todo en la parte referida a sanciones contra los medios electrónicos que infrinjan la legislación.
En el tramo final para acordar el contenido del nuevo Cofipe, el panorama se complica, ya que el plazo para votarlo y aprobarlo es el próximo 13 de diciembre y aún no se define cuál será la cámara de origen: el diputado priísta Emilio Gamboa Patrón se opuso a que fuera el Senado, como se había acordado en un principio.
Además, el senador del PRI y ex funcionario de Televisión Azteca Jorge Mendoza se lanzó ayer contra el proyecto, elaborado por un grupo plural de legisladores de ambas cámaras, y sostuvo que en el mismo “hay modificaciones mañosas” que vulneran la libertad de expresión. Consideró también “un exceso” sancionar a televisoras y estaciones de radio con la suspensión de transmisiones desde una hora hasta diez días, y demandó que se escuche a los concesionarios antes de presentar la iniciativa.
En igual sentido se pronunció el senador del PVEM Javier Orozco, quien en la pasada legislatura fue uno de los impulsores de la llamada ley Televisa.
Frente a ello, tanto el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, como el perredista Carlos Navarrete, advirtieron que no se dejarán intimidar y deploraron que haya toda una estrategia en algunos medios para deslegitimar el proyecto del nuevo Cofipe por medio de interpretaciones sesgadas que inventan supuestos intentos de censura.
El “petate del muerto”
“Que nadie se espante con el petate del muerto, el Congreso de la Unión no va a limitar la libertad de expresión, pero sí va a darle al Instituto Federal Electoral (IFE) los instrumentos para que no sea letra muerta lo ordenado en la Constitución”, advirtió Navarrete.
Recordó que antes de aprobarse la reforma constitucional en materia electoral, desde los medios electrónicos se acusó a los legisladores de restar autonomía al IFE y de tratar de limitarlo, y ahora, cuando se discute la legislación secundaria, las críticas van en sentido contrario.
“Vámonos poniendo de acuerdo: el IFE tiene que ser una institución fuerte, sólida, con facultades e instrumentos explícitos para hacer cumplir la ley y para aplicar sanciones cuando se viole la legislación”.
Sin embargo, el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) Jorge Mendoza planteó ya a los integrantes del grupo parlamentario del PRI que debe modificarse el capítulo referido a sanciones, e insistió en que es necesario escuchar en audiencia a los representantes de los concesionarios.
El también senador priísta advirtió que en el artículo 49, fracción 7, del proyecto de Cofipe se hizo “una modificación rara y hasta mañosa y tramposa” que los legisladores “tienen que ver con mucho cuidado”, porque “obliga a los concesionarios a seguir lineamientos del IFE”.
Ese artículo sólo cambia una disposición que data de 1993, al establecer que el Consejo General del instituto se reunirá “a más tardar el 20 de septiembre del año anterior a la legislación con la CIRT, a fin de presentarle los lineamientos generales aplicables a los noticiarios respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos”.
Señala que, “en su caso, los acuerdos a que se llegue en la respectiva reunión serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público”.
En el actual Cofipe se señala que será el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos el que se reunirá con la CIRT “para sugerir los lineamientos aplicables a los noticiarios respecto de la información o difusión de las actividades de campaña de los partidos políticos”.
El senador Creel insistió en que desde 1993 se llevan a cabo esas reuniones entre el IFE y la CIRT para revisar los lineamientos, sin que ello signifique que se censuran los contenidos informativos o se dé línea. “Es una interpretación totalmente sesgada, equivocada”, dijo.
Sin embargo, Jorge Mendoza y el senador Orozco Gómez consideraron “un término realmente impositivo” el cambiar “sugerir” por “presentar”.
El primero de esos legisladores acusó a Jorge Alcocer –asesor para la reforma del Estado– de ser el responsable de ese proyecto, en el que “deja ver su interés por presidir el IFE” y por ello hace “un proyecto a su medida”. Lo calificó de alguien que “en sus sueños ha querido ser el Frankestein de la democracia, el verdugo de la libertad de expresión o el jefe de la Santa Inquisición”.
Insistió en que es excesivo sacar del aire a emisoras, porque afectaría a terceros, que se quedarían “sin ver la telenovela o el futbol”.
El senador Orozco, en tanto, dijo que los legisladores “están yendo más allá de lo que marca la Constitución”.
Las negociaciones continuarán hoy y mañana; se revisará el documento y la decisión de cuál será la cámara de origen, sobre todo porque el martes pasado, durante una reunión de coordinadores, el priísta Gamboa Patrón advirtió que si la iniciativa se presenta primero en el Senado no aseguraba que su bancada la aprobara en San Lázaro.
En el tramo final para acordar el contenido del nuevo Cofipe, el panorama se complica, ya que el plazo para votarlo y aprobarlo es el próximo 13 de diciembre y aún no se define cuál será la cámara de origen: el diputado priísta Emilio Gamboa Patrón se opuso a que fuera el Senado, como se había acordado en un principio.
Además, el senador del PRI y ex funcionario de Televisión Azteca Jorge Mendoza se lanzó ayer contra el proyecto, elaborado por un grupo plural de legisladores de ambas cámaras, y sostuvo que en el mismo “hay modificaciones mañosas” que vulneran la libertad de expresión. Consideró también “un exceso” sancionar a televisoras y estaciones de radio con la suspensión de transmisiones desde una hora hasta diez días, y demandó que se escuche a los concesionarios antes de presentar la iniciativa.
En igual sentido se pronunció el senador del PVEM Javier Orozco, quien en la pasada legislatura fue uno de los impulsores de la llamada ley Televisa.
Frente a ello, tanto el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, como el perredista Carlos Navarrete, advirtieron que no se dejarán intimidar y deploraron que haya toda una estrategia en algunos medios para deslegitimar el proyecto del nuevo Cofipe por medio de interpretaciones sesgadas que inventan supuestos intentos de censura.
El “petate del muerto”
“Que nadie se espante con el petate del muerto, el Congreso de la Unión no va a limitar la libertad de expresión, pero sí va a darle al Instituto Federal Electoral (IFE) los instrumentos para que no sea letra muerta lo ordenado en la Constitución”, advirtió Navarrete.
Recordó que antes de aprobarse la reforma constitucional en materia electoral, desde los medios electrónicos se acusó a los legisladores de restar autonomía al IFE y de tratar de limitarlo, y ahora, cuando se discute la legislación secundaria, las críticas van en sentido contrario.
“Vámonos poniendo de acuerdo: el IFE tiene que ser una institución fuerte, sólida, con facultades e instrumentos explícitos para hacer cumplir la ley y para aplicar sanciones cuando se viole la legislación”.
Sin embargo, el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) Jorge Mendoza planteó ya a los integrantes del grupo parlamentario del PRI que debe modificarse el capítulo referido a sanciones, e insistió en que es necesario escuchar en audiencia a los representantes de los concesionarios.
El también senador priísta advirtió que en el artículo 49, fracción 7, del proyecto de Cofipe se hizo “una modificación rara y hasta mañosa y tramposa” que los legisladores “tienen que ver con mucho cuidado”, porque “obliga a los concesionarios a seguir lineamientos del IFE”.
Ese artículo sólo cambia una disposición que data de 1993, al establecer que el Consejo General del instituto se reunirá “a más tardar el 20 de septiembre del año anterior a la legislación con la CIRT, a fin de presentarle los lineamientos generales aplicables a los noticiarios respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos”.
Señala que, “en su caso, los acuerdos a que se llegue en la respectiva reunión serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público”.
En el actual Cofipe se señala que será el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos el que se reunirá con la CIRT “para sugerir los lineamientos aplicables a los noticiarios respecto de la información o difusión de las actividades de campaña de los partidos políticos”.
El senador Creel insistió en que desde 1993 se llevan a cabo esas reuniones entre el IFE y la CIRT para revisar los lineamientos, sin que ello signifique que se censuran los contenidos informativos o se dé línea. “Es una interpretación totalmente sesgada, equivocada”, dijo.
Sin embargo, Jorge Mendoza y el senador Orozco Gómez consideraron “un término realmente impositivo” el cambiar “sugerir” por “presentar”.
El primero de esos legisladores acusó a Jorge Alcocer –asesor para la reforma del Estado– de ser el responsable de ese proyecto, en el que “deja ver su interés por presidir el IFE” y por ello hace “un proyecto a su medida”. Lo calificó de alguien que “en sus sueños ha querido ser el Frankestein de la democracia, el verdugo de la libertad de expresión o el jefe de la Santa Inquisición”.
Insistió en que es excesivo sacar del aire a emisoras, porque afectaría a terceros, que se quedarían “sin ver la telenovela o el futbol”.
El senador Orozco, en tanto, dijo que los legisladores “están yendo más allá de lo que marca la Constitución”.
Las negociaciones continuarán hoy y mañana; se revisará el documento y la decisión de cuál será la cámara de origen, sobre todo porque el martes pasado, durante una reunión de coordinadores, el priísta Gamboa Patrón advirtió que si la iniciativa se presenta primero en el Senado no aseguraba que su bancada la aprobara en San Lázaro.
Nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 23 de noviembre.
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