La posibilidad de que el Instituto Federal Electoral (IFE) presente a los concesionarios de radio y televisión los lineamientos generales que deberán seguir en sus noticiarios al difundir actividades de precampaña y campaña –según el proyecto de nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)– generó opiniones encontradas entre especialistas en derecho comicial.
José Barragán, ex consejero del IFE y estudioso en temas de federalismo mexicano y amparo, afirmó que la propia reforma constitucional otorga al instituto “facultades excesivas”.
En tanto, Álvaro Arreola –dedicado al análisis del impacto social de los procesos electorales– advirtió que el legislador debe ser congruente con la reforma constitucional para frenar la arbitrariedad de los “dueños” del dinero y los medios de comunicación. “Es necesario contener a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT)”, comentó.
A su vez, Rafael Estrada Michel, profesor de la Escuela Libre de Derecho, afirmó que la enmienda constitucional es un magnífico intento por impedir que los llamados poderes fácticos, “que en realidad son económicos”, contaminen las votaciones.
Sin embargo, advirtió, es necesario evitar que los “lineamientos a noticieros” se conviertan en juntas previas de censura.
Los tres investigadores en asuntos electorales participaron ayer en la mesa Evolución histórica de la justicia electoral mexicana, dentro de un congreso internacional organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Barragán, doctor por la Universidad de Valencia e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, expresó en entrevista: “ojalá que los borradores (de la enmienda al Cofipe) no vayan a exagerar” las facultades del IFE, sino que trate de “evitar que se invadan las garantías de los mexicanos en materia de libertad de expresión e información”.
En cambio, Arreola, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador del Proyecto de Sociología Electoral, también de la máxima casa de estudios, aseveró en entrevista que es “congruente” que se impongan normas claras a los concesionarios de radio y televisión porque los noticieros han sido utilizados en los últimos 20 años en beneficio o en contra de partidos políticos. “El legislador debe ir a fondo, tope lo que tope.
Abundó: “esta reforma (en vigor desde hace dos semanas) es la última oportunidad para avanzar hacia la paz pública. Es difícil encontrar en la historia mexicana el consenso de partidos.”
José Barragán, ex consejero del IFE y estudioso en temas de federalismo mexicano y amparo, afirmó que la propia reforma constitucional otorga al instituto “facultades excesivas”.
En tanto, Álvaro Arreola –dedicado al análisis del impacto social de los procesos electorales– advirtió que el legislador debe ser congruente con la reforma constitucional para frenar la arbitrariedad de los “dueños” del dinero y los medios de comunicación. “Es necesario contener a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT)”, comentó.
A su vez, Rafael Estrada Michel, profesor de la Escuela Libre de Derecho, afirmó que la enmienda constitucional es un magnífico intento por impedir que los llamados poderes fácticos, “que en realidad son económicos”, contaminen las votaciones.
Sin embargo, advirtió, es necesario evitar que los “lineamientos a noticieros” se conviertan en juntas previas de censura.
Los tres investigadores en asuntos electorales participaron ayer en la mesa Evolución histórica de la justicia electoral mexicana, dentro de un congreso internacional organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Barragán, doctor por la Universidad de Valencia e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, expresó en entrevista: “ojalá que los borradores (de la enmienda al Cofipe) no vayan a exagerar” las facultades del IFE, sino que trate de “evitar que se invadan las garantías de los mexicanos en materia de libertad de expresión e información”.
En cambio, Arreola, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador del Proyecto de Sociología Electoral, también de la máxima casa de estudios, aseveró en entrevista que es “congruente” que se impongan normas claras a los concesionarios de radio y televisión porque los noticieros han sido utilizados en los últimos 20 años en beneficio o en contra de partidos políticos. “El legislador debe ir a fondo, tope lo que tope.
Abundó: “esta reforma (en vigor desde hace dos semanas) es la última oportunidad para avanzar hacia la paz pública. Es difícil encontrar en la historia mexicana el consenso de partidos.”
Nota de Fabiola Martínez, La Jornada, 23 de noviembre.
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