El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo dio entrada al recurso de revisión planteado por legisladores para impugnar el amparo que un juez federal le concedió en mayo pasado a los quejosos, y con el que ordenó provisionalmente dejar sin efecto los nombramientos de los comisionados de la Cofetel, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca, debido a que su designación habría sido consecuencia directa de actos violatorios a la Constitución. Ahora la Corte tiene la última palabra.
Del Villar, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, y Martínez Pous, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), obtuvieron hace seis meses el amparo que les concedió un juez, que se basó en la resolución que emitió la propia Suprema Corte al resolver la llamada ley Televisa.
En su momento, el máximo tribunal del país emitió una postura en sentido de que en este tipo de órganos reguladores (Cofetel) resulta inconstitucional la intervención del Senado en los nombramientos de los integrantes, y que sólo el presidente de la República tiene facultades para ello. Fue esa postura de la Corte la que permitió al juez otorgar el amparo a los quejosos.
Cuando se interpuso el recurso de revisión, fue el 13 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al que le correspondió conocer del mismo, pero el pasado 26 de octubre los tres magistrados que integran el órgano colegiado determinaron que por la “trascendencia e importancia” del asunto deberá ser la Suprema Corte la que estudie en definitiva el recurso.
De esta forma, quedó en manos de los ministros ordenar la restitución de ambos funcionarios en la Cofetel o dejar las cosas como están.
Nota de Alfredo Méndez, La Jornada, 23 de noviembre.
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