Con decisiones que no implican cambios a la ley, pero sí gran voluntad política, el Ejecutivo federal puede licitar la creación de una tercera cadena nacional de televisión abierta, así como asegurar la plena convergencia y obligar a Telmex a cumplir con la interconexión para abatir la falta de competitividad en el sector de telecomunicaciones, aseveró Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
El funcionario reveló que una iniciativa del PRD para incrementar las multas a las empresas que violen la Ley Federal de Competencia “desapareció” repentinamente cuando ya estaba lista para ser presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que todas las fracciones parlamentarias la aprobaron en la Comisión de Economía.
Al presentar una conferencia magistral en el foro El acceso a la justicia para los consumidores a través de acciones colectivas, cuando la politóloga Denis Dresser le preguntó qué decisiones claras y contundentes considera que podría tomar el presidente Felipe Calderón para fomentar la competencia en los sectores de telecomunicaciones, servicios financieros, transporte y energía, el titular de la Cofeco aseguró que no se requieren cambios legislativos para crear una nueva cadena de televisión.
La respuesta de Pérez Motta priorizó una vez más el tema de las telecomunicaciones: “yo pondría en el lugar número uno la licitación de espectro para televisión abierta, de forma que se genere una tercera cadena nacional. Es una decisión con la que no se tiene que cambiar ninguna ley y mostraría gran voluntad política para hacer más eficiente el sector, ofrecer más opciones a los consumidores y reducir costos para las empresas en materia de publicidad. Eso es indispensable”, sentenció.
Demandó además “la aplicación de la ley; es algo que no deberíamos ni imaginar pedirlo pero, desafortunadamente, no ha sido el caso, porque hay operadores, como Telmex, que anuncian públicamente que no van a interconectar a una empresa porque no cumple la Ley de Inversiones Extranjeras, cuando no es regulador para decidir eso. Su obligación es interconectar. Punto. Y si no lo hace, la normatividad en la materia da lugar a la cancelación del título de concesión”.
Detenida, iniciativa para aumentar multas
En el foro organizado por la asociación Al Consumidor, Profeco y el ITAM, Pérez Motta insistió en que las sanciones que se aplican a los concesionarios que violan la Ley Federal de Competencia “son muy bajas”, y reveló que una iniciativa del PRD, que ya estaba lista para presentarse ante el pleno de la Cámara de Diputados para incrementar “radicalmente” las multas por violaciones a la ley, “desapareció por arte de magia y se desenlistó del orden del día; ya se imaginan los poderes que están detrás de esto”.
A la fecha, las multas por prácticas anticompetitivas se definen en salarios mínimos, pero la iniciativa del partido del sol azteca sustituía ese sistema de cálculo por otro basado en un porcentaje de las ventas o los activos de la empresa. Con la legislación vigente, una sanción máxima equivale a 0.075 de los activos de una empresa, y la propuesta de los legisladores la elevaba a 15 por ciento, abundó Pérez Motta a La Jornada cuando concluyó su conferencia.
Es una iniciativa que el titular de Cofeco ponderó como necesaria e importante, porque “el incremento de sanciones tiene un impacto disuasivo y coercitivo, debido a que haría que las empresas lo pensaran dos veces antes de violar las normas y a las autoridades les daría mucho más fuerza para atacar el problema”.
Refirió que en comparación con otros países, en México a los agentes económicos o empresas les resulta más rentable realizar una práctica anticompetitiva, porque las multas que les lleguen a imponer si los descubren tienen un costo muy bajo.
“Por actos monopólicos absolutos o colusión, en otras naciones se han impuesto sanciones por 6.7 mil millones de pesos a Microsoft o, recientemente, de 2.2 mil millones a Telefónica por no dar el acceso e incrementar costos a sus competidores. No son multas máximas, pero en México la más alta es igual a alrededor de 70 millones de pesos”, precisó.
Eso representaba un cambio radical en los castigos a las firmas, pero Pérez Motta acotó que “no siempre se aplican las multas máximas, porque todo depende de la sanción, capacidad económica de la empresa, del daño que ocasionó a los consumidores y al mercado, así como de cuánto duró, entre otros elementos que hacen que se modulen dichas sanciones”.
Dijo que los legisladores del PRD llevaban unos cuatro meses trabajando en la iniciativa, y por eso sorprende que de repente se haya detenido: “Me da la impresión de que los grandes grupos económicos no se habían dado cuenta de la iniciativa, y entonces pudo ser aprobada en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados porque PAN, PRD, PRI y todas las fracciones votaron en favor, pero hace dos semanas, cuando ya se iba al pleno, desapareció de pronto. Alguien detuvo esto”.
Aclaró que sólo a petición de la fracción del PRD Cofeco emitió una opinión sobre las multas, pero no estaba involucrada en la preparación de la iniciativa ni en el proceso que ésta seguía, hasta que hace unos días “simplemente vimos que se fue a la Junta de Coordinación Política de donde pasaría al pleno, pero se quedó ahí”. Sin embargo, confió en que “no está muerta”.
El funcionario reveló que una iniciativa del PRD para incrementar las multas a las empresas que violen la Ley Federal de Competencia “desapareció” repentinamente cuando ya estaba lista para ser presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que todas las fracciones parlamentarias la aprobaron en la Comisión de Economía.
Al presentar una conferencia magistral en el foro El acceso a la justicia para los consumidores a través de acciones colectivas, cuando la politóloga Denis Dresser le preguntó qué decisiones claras y contundentes considera que podría tomar el presidente Felipe Calderón para fomentar la competencia en los sectores de telecomunicaciones, servicios financieros, transporte y energía, el titular de la Cofeco aseguró que no se requieren cambios legislativos para crear una nueva cadena de televisión.
La respuesta de Pérez Motta priorizó una vez más el tema de las telecomunicaciones: “yo pondría en el lugar número uno la licitación de espectro para televisión abierta, de forma que se genere una tercera cadena nacional. Es una decisión con la que no se tiene que cambiar ninguna ley y mostraría gran voluntad política para hacer más eficiente el sector, ofrecer más opciones a los consumidores y reducir costos para las empresas en materia de publicidad. Eso es indispensable”, sentenció.
Demandó además “la aplicación de la ley; es algo que no deberíamos ni imaginar pedirlo pero, desafortunadamente, no ha sido el caso, porque hay operadores, como Telmex, que anuncian públicamente que no van a interconectar a una empresa porque no cumple la Ley de Inversiones Extranjeras, cuando no es regulador para decidir eso. Su obligación es interconectar. Punto. Y si no lo hace, la normatividad en la materia da lugar a la cancelación del título de concesión”.
Detenida, iniciativa para aumentar multas
En el foro organizado por la asociación Al Consumidor, Profeco y el ITAM, Pérez Motta insistió en que las sanciones que se aplican a los concesionarios que violan la Ley Federal de Competencia “son muy bajas”, y reveló que una iniciativa del PRD, que ya estaba lista para presentarse ante el pleno de la Cámara de Diputados para incrementar “radicalmente” las multas por violaciones a la ley, “desapareció por arte de magia y se desenlistó del orden del día; ya se imaginan los poderes que están detrás de esto”.
A la fecha, las multas por prácticas anticompetitivas se definen en salarios mínimos, pero la iniciativa del partido del sol azteca sustituía ese sistema de cálculo por otro basado en un porcentaje de las ventas o los activos de la empresa. Con la legislación vigente, una sanción máxima equivale a 0.075 de los activos de una empresa, y la propuesta de los legisladores la elevaba a 15 por ciento, abundó Pérez Motta a La Jornada cuando concluyó su conferencia.
Es una iniciativa que el titular de Cofeco ponderó como necesaria e importante, porque “el incremento de sanciones tiene un impacto disuasivo y coercitivo, debido a que haría que las empresas lo pensaran dos veces antes de violar las normas y a las autoridades les daría mucho más fuerza para atacar el problema”.
Refirió que en comparación con otros países, en México a los agentes económicos o empresas les resulta más rentable realizar una práctica anticompetitiva, porque las multas que les lleguen a imponer si los descubren tienen un costo muy bajo.
“Por actos monopólicos absolutos o colusión, en otras naciones se han impuesto sanciones por 6.7 mil millones de pesos a Microsoft o, recientemente, de 2.2 mil millones a Telefónica por no dar el acceso e incrementar costos a sus competidores. No son multas máximas, pero en México la más alta es igual a alrededor de 70 millones de pesos”, precisó.
Eso representaba un cambio radical en los castigos a las firmas, pero Pérez Motta acotó que “no siempre se aplican las multas máximas, porque todo depende de la sanción, capacidad económica de la empresa, del daño que ocasionó a los consumidores y al mercado, así como de cuánto duró, entre otros elementos que hacen que se modulen dichas sanciones”.
Dijo que los legisladores del PRD llevaban unos cuatro meses trabajando en la iniciativa, y por eso sorprende que de repente se haya detenido: “Me da la impresión de que los grandes grupos económicos no se habían dado cuenta de la iniciativa, y entonces pudo ser aprobada en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados porque PAN, PRD, PRI y todas las fracciones votaron en favor, pero hace dos semanas, cuando ya se iba al pleno, desapareció de pronto. Alguien detuvo esto”.
Aclaró que sólo a petición de la fracción del PRD Cofeco emitió una opinión sobre las multas, pero no estaba involucrada en la preparación de la iniciativa ni en el proceso que ésta seguía, hasta que hace unos días “simplemente vimos que se fue a la Junta de Coordinación Política de donde pasaría al pleno, pero se quedó ahí”. Sin embargo, confió en que “no está muerta”.
Nota de Susana González, La Jornada, 17 de noviembre.
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