La reforma constitucional en materia electoral recién publicada dispone no sólo la salida del aire de anuncios en radio y televisión en los que el presidente de la República, los gobernadores y el resto de funcionarios públicos promocionen su imagen, sino que abarca “todas las formas de comunicación social”, por lo que deberá retirarse de inmediato la propaganda en Internet, las gacetillas de prensa y los anuncios espectaculares, advirtió el senador perredista Pablo Gómez.
Esa reforma constitucional busca que los recursos públicos no se utilicen para la promoción personal de nadie, y todo mundo debe acatarlo, aseveró.
Explicó que los cambios al artículo 134 de la Carta Magna no se refieren sólo a medios electrónicos, sino también escritos, y obligan incluso a quitar los espectaculares donde aparezcan imágenes de funcionarios públicos, logotipos o símbolos que identifiquen programas oficiales con el gobernante.
Pablo Gómez sostuvo que el plazo de 72 horas que la Secretaría de Gobernación (SG) dio a las televisoras y estaciones de radio para retirar los anuncios que entren en ese supuesto viola la disposición constitucional, la cual debió aplicarse desde ayer mismo, cuando entró en vigor la nueva legislación.
Gobernación justifica plazo
Por separado, el subsecretario de Normatividad y Medios de la SG, Juan María Naveja, argumentó que se dio el plazo de 72 horas a los medios electrónicos para sacar del aire los anuncios de Felipe Calderón debido a que las empresas de radiodifusión necesitan ese tiempo “para modificar sus pautas en las estrategias publicitarias”, sobre todo porque hay contratos mercantiles ya firmados.
Durante su participación en un acto organizado por el Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria, Naveja precisó que desde el miércoles, cuando entró en vigor la reforma, la SG giró oficios a todos los medios de comunicación para notificarles de las nuevas disposiciones, que los gobiernos locales comenzaron ya a aplicar.
Sobre la postura del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, quien declaró que analizará la puesta en práctica de esa reforma en su entidad, el funcionario de la SG advirtió que “la ley se aplica”.
Efecto retroactivo
En tanto, el legislador perredista Pablo Gómez insistió en que debió retirarse o suspenderse desde ayer toda propaganda que promocione a funcionarios en medios de comunicación.
Recordó que el nuevo texto del artículo 134 ordena: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualesquier otros entes de los tres órganos de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.
También señala, agregó, que “en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de ningún servidor público”.
El senador perredista insistió en que por ser una reforma constitucional, puede tener efecto retroactivo, y por ello se deberán quitar espectaculares, suspender gacetillas en periódicos y revistas, aunque haya contratos previos.
“No sé qué va a hacer Miguel Ángel Yunes, que todos los días sale en los periódicos, con el dinero de los sufridos derechohabientes del ISSSTE, en vez de ocupar esos recursos públicos, con los que promociona su imagen, para la compra de medicinas”, abundó.
Por otra parte, el Diario Oficial de la Federación publicó ayer el decreto con base en el cual –por única ocasión– será la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la que presente el procedimiento para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como las propuestas de nombres en la sucesión escalonada.
El decreto de referencia entra en vigor este viernes y fue firmado el pasado miércoles por el senador Santiago Creel y la diputada Ruth Zavaleta.
Esa reforma constitucional busca que los recursos públicos no se utilicen para la promoción personal de nadie, y todo mundo debe acatarlo, aseveró.
Explicó que los cambios al artículo 134 de la Carta Magna no se refieren sólo a medios electrónicos, sino también escritos, y obligan incluso a quitar los espectaculares donde aparezcan imágenes de funcionarios públicos, logotipos o símbolos que identifiquen programas oficiales con el gobernante.
Pablo Gómez sostuvo que el plazo de 72 horas que la Secretaría de Gobernación (SG) dio a las televisoras y estaciones de radio para retirar los anuncios que entren en ese supuesto viola la disposición constitucional, la cual debió aplicarse desde ayer mismo, cuando entró en vigor la nueva legislación.
Gobernación justifica plazo
Por separado, el subsecretario de Normatividad y Medios de la SG, Juan María Naveja, argumentó que se dio el plazo de 72 horas a los medios electrónicos para sacar del aire los anuncios de Felipe Calderón debido a que las empresas de radiodifusión necesitan ese tiempo “para modificar sus pautas en las estrategias publicitarias”, sobre todo porque hay contratos mercantiles ya firmados.
Durante su participación en un acto organizado por el Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria, Naveja precisó que desde el miércoles, cuando entró en vigor la reforma, la SG giró oficios a todos los medios de comunicación para notificarles de las nuevas disposiciones, que los gobiernos locales comenzaron ya a aplicar.
Sobre la postura del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, quien declaró que analizará la puesta en práctica de esa reforma en su entidad, el funcionario de la SG advirtió que “la ley se aplica”.
Efecto retroactivo
En tanto, el legislador perredista Pablo Gómez insistió en que debió retirarse o suspenderse desde ayer toda propaganda que promocione a funcionarios en medios de comunicación.
Recordó que el nuevo texto del artículo 134 ordena: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualesquier otros entes de los tres órganos de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.
También señala, agregó, que “en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de ningún servidor público”.
El senador perredista insistió en que por ser una reforma constitucional, puede tener efecto retroactivo, y por ello se deberán quitar espectaculares, suspender gacetillas en periódicos y revistas, aunque haya contratos previos.
“No sé qué va a hacer Miguel Ángel Yunes, que todos los días sale en los periódicos, con el dinero de los sufridos derechohabientes del ISSSTE, en vez de ocupar esos recursos públicos, con los que promociona su imagen, para la compra de medicinas”, abundó.
Por otra parte, el Diario Oficial de la Federación publicó ayer el decreto con base en el cual –por única ocasión– será la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la que presente el procedimiento para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como las propuestas de nombres en la sucesión escalonada.
El decreto de referencia entra en vigor este viernes y fue firmado el pasado miércoles por el senador Santiago Creel y la diputada Ruth Zavaleta.
Nota de Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Susana González y Fabiola Martínez, La Jornada, 16 de noviembre.
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